En el momento más candente en que se destapaban los grandes fatos en licitaciones de compra de insumos médicos, el ahora ministro del Interior hizo de paño frío. Como excelente mediático que es, anunció profundas supervisiones e investigaciones y como en sus tiempos de fiscal su pomposa pesquisa en pandemia quedó en la nada.
En el 2020, ante la crisis sanitaria que sacudió al país por la pandemia de covid-19, se creó la Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid, la cual estaba integrada por representantes de varias instituciones de control. Estaba presidida por Arnaldo Giuzzio, en ese entonces ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). La misión principal de la comisión era trabajar en la verificación de compras de medicamentos e insumos, para transparentar los procesos.
El primer gran escándalo de negociado en pandemia saltó luego de que en abril del 2020 arribara al país un cargamento de insumos y medicamentos hospitalarios que había sido liquidada en 72 horas. Las empresas adjudicadas habían sido Eurotec SA e Insumos Médicos SA (Imedic), ambas firmas terminaron perteneciendo a la misma familia, los Ferreira.
Los insumos médicos que habían llegado desde China e India no contaban con las especificaciones técnicas requeridas por Salud y tampoco tenían los registros para su comercialización y nacionalización, por lo que terminó convirtiéndose en una millonaria compra fallida.
La comisión encabezada por Giuzzio fue la principal encargada de analizar las evidentes anomalías que se presentaron en el llamado y adjudicación de los equipos médicos. El 6 de julio del 2020, durante una conferencia de prensa, Arnaldo Giuzzio en compañía de otros integrantes de la Comisión, dieron detalles del resultado de su intervención. Concluyeron que no se detectan pérdidas económicas ni daños patrimoniales.
Indicios de contrabando, sobrefacturaciones, direccionamiento, falta de registros sanitarios y otras irregularidades administrativas no fueron vistas por la comisión de Giuzzio.
El caso fue motivo de escraches y manifestaciones donde la ciudadanía repudió la pérdida económica en una compra que resultó un fracaso cuando la crisis estaba golpeando fuertemente al país.
Unas semanas después, el 20 de julio del 2020, el Ministerio Público disponía la imputación de Justo Ferreira, Patricia Ferreira y otras cinco personas, entre ellas personal aduanero, por la supuesta comisión de los hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
La Fiscalía había detectado las irregularidades de las que la Comisión de Supervisión se había desentendido.
La imputación de la Fiscalía ridiculizó la determinación de la comisión de Giuzzio, dejando en evidencia la incapacidad del equipo para salvaguardar el patrimonio público en plena pandemia.
La comisión presidida en ese entonces por Arnaldo Giuzzio obvió el sinfín de denuncias que llovieron desde ese momento. El caso de los tapabocas de oro de la Dinac también había sido ignorado por la comisión asegurando que no se adquirieron con fondos covid.
El blanqueo de compras covid es otra perla en el historial del ministro Arnaldo Giuzzio, ya caracterizado por sus shows sin resultados.