El presidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, rechazó que el planteamiento del juicio político contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sea una vendetta de la mafia y las disputas que mantiene (Giuzzio) con autoridades del movimiento Honor Colorado.
Instó al ministro a presentar sus denuncias ante las instituciones competentes y aseguró que la permanencia del ex fiscal en la cartera de seguridad es insostenible.
Alliana también cuestionó la defensa ejercida por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, hacia la gestión de Giuzzio, instando al segundo del Ejecutivo a “salir del termo donde vive”, que se centre en su gestión y no solo en su campaña política para la Presidencia.
“Le queda grande el cargo, para mí no es honesto y fue un fracaso como ministro del Interior, y le recomiendo al Vicepresidente que tenga un poco más de contacto con la gente, que le escuche a la ciudadanía y que salga del termo donde está encerrado, ahora está haciendo campaña política, funge de precandidato y no de Vicepresidente, hace rato dejó ese cargo”, sentenció.
Agregó igualmente que la mala gestión de Giuzzio se refleja en el comunicado lanzado por el gobierno de EEUU, que aconsejó a su población no viajar al Paraguay ante la ola de inseguridad.
“El Ministerio del Interior perdió total credibilidad, la Policía está desmotivada, sin equipos, las comisarías abandonadas, sabían que había grupos de narcotráfico en San Bernardino, que irían en el concierto, pero no previeron el control ni en las calles y ni en el lugar, donde la gente entró armada sin inconvenientes”, finalizó.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.
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Tres instituciones, abocadas a establecer política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de Justicia en nuestro país”, explicó.
El ministro detalló que el trabajo de las tres instituciones está vinculado, por lo cual se debe trabajar coordinadamente y poner sobre la mesa las cuestiones que atañen al mecanismo de trabajo de modo de armonizarlo. Martínez Simón señaló que el hecho de que la Corte tenga digitalizados los expedientes, hace necesario que el Ministerio Público y del Interior hagan lo mismo.
“Debemos coordinar para que esto funcione dentro del respeto de los roles propios, la Policía Nacional en su rol de investigadores de ciertos delitos y crímenes, la Fiscalía como acusador y los jueces como juzgadores imparciales, pero a efectos de que en el ámbito propio de estas tres instituciones se muevan armónicamente debemos tener estas reuniones de trabajo”, manifestó a la 1080 AM.
La conformación de esta mesa de trabajo nació a raíz de una conversación entre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia, en la que se abordó la necesidad de incorporar la Fiscalía General del Estado y establecer acciones en conjunto que permitan dar una respuesta rápida y eficiente tanto en la seguridad como en la investigación y persecución de los delitos y crímenes.
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Aprueban el plan de la nueva política energética
El documento incorpora la electromovilidad en el sistema de transporte público, la generación de nuevas fuentes de energía y su uso a nivel industrial. Miembros de la mesa energética se reunieron con el presidente de la República, Santiago Peña, para detallar sobre el plan energético que busca revolucionar al sector para que sea la base del desarrollo y de generación de empleo.
En conferencia de prensa anunciaron que dicha política será socializada una vez que el jefe de Estado firme el decreto correspondiente. La actualización ya fue aprobada esta mañana por Peña.
La política energética tenía su plan al año 2040, y hoy se actualizó al año 2050. Según el viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, las metas fueron fijadas a corto, mediano y largo plazo. El documento consta de un total de 300 metas, de las cuales 200 son a corto plazo, que abarca la administración de Santiago Peña.
Uno de los ejes que tiene la política energética con miras al 2050 es la transformación del transporte público de pasajeros mediante la incorporación de una flota de vehículos eléctricos para sumarse a la existente.
El nuevo plan energético establece diferentes escenarios y desafíos que tiene el sector para darle una mayor participación a la energía eléctrica actual, poniendo además mucho foco en la generación de nuevas fuentes, además de promover la integración energética y gasífera.
“Vamos a trabajar en bioenergía para dar un rol preponderante a eso, insistir con la reforestación con fines energéticos para que la industria no pierda competitividad y buscar la sustitución donde se pueda. Los biocombustibles tendrán un rol preponderante para evitar el consumo de combustibles fósiles, otro desafío a futuro es la búsqueda de hidrocarburos nacionales para tener competitividad con nuestro gas natural, entre otros ejes”, comentó el viceministro.
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Peña triplica cantidad de linces para luchar contra la inseguridad
El gobierno de Santiago Peña continúa potenciando el sistema de seguridad en Paraguay, tras concretarse el egreso de una nueva camada de 507 agentes linces que se incorporarán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional.
“Lamento por los miles de padres y madres que sufren cada tarde y noche esperando que sus hijos vuelvan a casa sanos y salvos, luego de trabajar, estudiar; lamento por los paraguayos que todavía viven atemorizados por la delincuencia. El Paraguay es un país pacífico, pero tenemos que estar dispuestos a luchar, a ir a la guerra por nuestra paz”, sostuvo Peña.
El mandatario puntualizó que no se puede desconocer los avances dentro de la política de seguridad concretados durante los primeros 8 meses de su administración, resaltando los grandes operativos, como por ejemplo Veneratio, Dakovo, Ignis, entre otros. No obstante, remarcó que aún los paraguayos viven bajo una alerta permanente por la inseguridad en las calles.
“Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, estoy orgulloso de ustedes, les agradezco los esfuerzos y sacrificios que está haciendo, pero no estamos satisfechos, los paraguayos no están satisfechos. Yo no estoy satisfecho, lejos de un sentido de complacencia, las expectativas sobre nosotros es demasiado grande y pido que triplique los esfuerzos para que los paraguayos nos sintamos más seguros en nuestro país”, refirió.
La exigencia también fue dirigida al ministro del Interior, Enrique Riera, durante la ceremonia de presentación de los nuevos agentes en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes.
“Paraguay tiene un destino de grandeza. Los testimonios sobre la inseguridad abundan en nuestro país y no podemos permitir que nuestros jóvenes se sientan inseguros, que nuestros padres sientan esa inseguridad”, afirmó.
Comentó que la potenciación del Grupo Lince fue una deuda, que actualmente viene siendo cumplida por su gobierno, pero remarcó nuevamente que es consciente de que la seguridad no se logra solo con triplicar el número de efectivos. “Necesitamos el compromiso de todos y de cada uno de quienes fueron entrenados, equipados, para que estén en cada esquina, en cada uno de los rincones de los 17 departamentos del Paraguay”, mencionó.
SEPA MÁS
Cuatro mil nuevos policías
“Quiero un Paraguay con calles y barrios más seguros. Por eso, triplicamos la cantidad de linces y formamos a 4.000 nuevos policías con la misión de proteger a cada una de las familias paraguayas. Nuestro desafío es grande, pero estamos determinados a devolver la seguridad al país, combatiendo cada vez con más fuerza a quienes quieran vivir a costa de la tranquilidad de los paraguayos que trabajan honestamente”, expresó el presidente a través de su cuenta en X.
“La inseguridad es un gran desafío. En un país nunca habrá desarrollo y bienestar si primero no hay seguridad. Hoy la inseguridad no viene de conflictos bélicos, hoy nuestros riesgos son internos, el crimen organizado, narcotráfico, microtráfico, contrabando, estos son nuestros grandes desafíos”, señaló.