El senador Stephan Rasmussen dijo que el proyecto de ley de gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS) es una herramienta necesaria para lograr reformar el sistema sanitario que está vigente en la previsional. Consideró que el consejo es uno de los órganos más relevantes para lograr un funcionamiento eficiente.
“Es hora de reformar IPS para que esté al servicio de la ciudadanía y no de unos pocos. Seguiremos intentando, esperemos que se dé este año”, indicó el legislador en su cuenta de Twitter. Esto atendiendo a que se denuncian privilegios para algunos.
Rasmussen hace referencia a que en el caso del IPS hay un problema de gobernanza porque todos son seleccionados por el Presidente de la República, partiendo de este mecanismo es lo que proponen desde la bancada Patria Querida que se pueda dar una selección de acuerdo a la preparación y la competencia de los gerenciadores.
“Los consejeros son invisibles muchas veces. Tenemos que tomar la responsabilidad de que no está funcionando el sistema”, recalcó. El proyecto no fue tratado ante el plenario del Senado, pese a que ya fue debatido con los diferentes gremios y sectores que conforman el sistema.
Ante esta situación, recomendó sentarse a debatir el tema. “Tenemos que sentarnos en una mesa a dialogar y es ahí donde se necesita esa voluntad para cambiar. Nosotros tenemos un pésimo sistema de salud pública y un pésimo sistema de servicio en el IPS”, expuso en contacto con la 1080 AM.
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Modificaciones en el IPS responden a multimillonarias deudas, sostienen
Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), habló de las modificaciones del Consejo de Administración, para aplicar la ley sobre los haberes, evitar que los egresos superen los propios ingresos y frenar los subsidios a quienes aportaron por debajo.
“Nos vimos obligados a plantear estas medidas por las condiciones en las que encontramos la previsional en agosto del 2023. No es un secreto la crisis que existe en el IPS, en sus finanzas, en los fondos de maternidad, sin mencionar que hemos heredado deudas multimillonarias”, dijo.
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Recordó además la pesada herencia en el fondo de jubilaciones y pensiones, que quedó desequilibrado. Así, se resolvió revocar resoluciones del 2020 y 2021, de las cuales con una dudosa legalidad se había elevado el piso del haber mínimo jubilatorio, del 33 % al 75 % del salario mínimo.
“Al revocar las resoluciones, se vuelve al 33 %. Ninguno de nuestros jubilados tendrán reducciones en sus haberes, pero sí significa que desde el 7 de mayo liquidaremos las jubilaciones al menos en un 33 % del salario mínimo”, explicó en “Fuego Cruzado”, por GEN/Nación Media.
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Una crisis arrastrada
El reordenamiento responde al desequilibrio financiero desde el 2020, donde el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones empezó a quedar en crisis porque los ingresos a través de los aportes y las rentas generadas no alcanzan para cubrir los egresos, por lo que se utilizan las rentas de las reservas.
“En el 2023, el déficit del Fondo de Jubilaciones fue mayor a G. 370 mil millones, lo cual se cubre usando las rentas de las reservas, lo que se traduce en el 28 % de las mismas. De continuar en el mismo camino y velocidad, en unos años las rentas ya no alcanzarán y deberemos usar las reservas”, indicó.
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Sanciones
Cubas remarcó que las modificaciones planteadas son únicamente para aquellas personas que tienen un haber mínimo muy por debajo del 33 % del salario mínimo. Por otra parte, tras las resoluciones ilegales, se procedió a un examen especial por parte de la Contraloría.
“Nos ha requerido toda la información y documentos, hemos enviado todo. Como resultado de ese análisis, el camino a seguir es la denuncia ante las instancias pertinentes”, refirió, destacando los procesos de transparencia que están siendo priorizados desde la previsional.
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Policía administrativo para IPS
Dos hechos trascendentes se dieron esta semana; por un lado, tras eficientes y duras negociaciones con representantes de Brasil, Paraguay logró un acuerdo en el precio de la tarifa de Itaipú, además de royalties, compensación de energía y hasta utilidades de capital; segundo, nos enteramos que el Consejo de Administración del IPS aprobó un anteproyecto de ley que modifica su carta orgánica.
En el primer caso hasta el sector industrial felicitó al Gobierno por el resultado obtenido. Esto significa que con el dinero que entrará se podrán realizar las tan necesarias y retrasadas infraestructuras que –según estiman– en tres años podrían posicionar al Paraguay en el camino de la industrialización, generando mejores fuentes de empleo para los ciudadanos y mayores ganancias para los empresarios. Pero la gente festeja lo que considera importante: que Ande no aumentará de precio y que los “cortes de luz” ya no serán frecuentes.
En el segundo caso, en el de IPS proponen sumar los últimos 120 meses del salario del trabajador para jubilarlo con ese porcentaje, no como era hasta ahora con el porcentaje de los últimos 36 meses.
Este cambio se debe a que supuestamente un trabajador que durante toda la vida ganó, por ejemplo, el salario mínimo, en los últimos tres años antes de jubilarse comienza a aportar como si fuera un gerente. Por lo tanto, se jubila como gerente, pero solo aportó el monto mínimo y se genera un déficit.
Buscar soluciones justas para los trabajadores debería ser un deber para el IPS; sin embargo, todas las soluciones van en contra de los demás honestos aportantes que durante años se sacrificaron.
Tomando el salario mínimo de los últimos diez años podríamos hacer un cálculo para darnos cuenta de que siempre el empleado es el que pierde. Primera pregunta: si Juan, que gana sueldo mínimo, se jubilara hoy, ¿por qué debe cobrar menos de lo que gana en este momento si ese es el nivel de vida que lleva? Segunda pregunta: ¿cuánto cobraría haciendo el porcentaje de los últimos diez años?
Teniendo en cuenta los salarios mínimos de los últimos diez años 1.824.055 (2014), 1.824 055 (2015), 1.964.507 (2016), 2.041.123 (2017), 2.112.562 (2018), 2.192.839 (2019), 2.192.839 (2020), 2.289.324 (2021), 2.550.307 (2022) y 2.680.373 (2023). El total es 21.671.984, que dividido entre 10 sería 2.167.198. Es decir, de estar ganando 2.680.373 pasará a cobrar 2.167.198, o sea 513.175 guaraníes menos de lo que gana hoy. ¿Por qué?.
Si el cálculo se hiciera sobre los tres últimos años, veríamos que la suma alcanza 7.520.004, y dividiendo entre tres años, el mismo jubilado tendría que cobrar 2.506.668. Es decir, cobraría 339.470 más que haciendo el cálculo de los diez años.
El problema no son los trabajadores ni los empresarios, el error viene del mismo IPS, que no actúa como policía administrativo. Los controles que realiza son completamente ineficientes y por esa falta deben pagar los que no pueden defenderse, o sea, los empleados a quienes por ley se les obliga a aportar, pero a la hora de jubilarse les cambian las reglas para pagarles menos y que vivan como mendigos.
Conozco casos en los que las empresas descontaban el aporte a sus colaboradores, pero que no llegaban al IPS. Y si el empleado cuestionaba, era despedido. ¿Qué hace el IPS para proteger a estos ciudadanos? Miles de empleados quedaron sin posibilidad de jubilarse por esta razón y deberán trabajar hasta morir sin opción de la jubilación. Y siguen aportando, pero llegarán al final –si llegan– cuando sea tarde y no podrán disfrutar de su derecho.
El Consejo de IPS debe cambiar de mentalidad, ejercer el control como deben y defender los intereses de los aportantes.
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Detienen al hermano de la presidenta de Perú por presunta corrupción
La policía de Perú detuvo este viernes al hermano y al abogado de la presidenta del país, Dina Boluarte, por su presunta vinculación con una trama de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos, anunció la Fiscalía.
Un equipo especial de fiscales contra corrupción “detuvo a Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda y otros investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias”, indicó el Ministerio Público en la red social X.
Boluarte, hermano mayor de la mandataria peruana, fue detenido en su apartamento, en el este de Lima. La Fiscalía lo acusa de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de “dádivas económicas”, según precisó el poder judicial en un comunicado.
Los funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior. Desde sus cargos captaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría Nicanor, de 64 años.
La organización “habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte” asumiera como presidenta el 7 de diciembre, añadió el poder judicial. Boluarte negó los señalamientos mientras era conducido, esposado, a prisión tras el allanamiento a su apartamento. “Niego absolutamente todo, soy inocente”, dijo a los periodistas.
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“Poder de facto”
Junto a Boluarte fue detenido el abogado de la presidenta y seis personas más en distintos operativos realizados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín. En el marco de esas acciones fueron allanados “26 inmuebles”, dijo por su parte la Fiscalía.
Castañeda representa a la mandataria peruana en la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes. Según las autoridades judiciales, Nicanor Boluarte sacó provecho del “poder de facto” que le otorgó su hermana para “instrumentar las prefecturas y subprefecturas” en su beneficio.
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Mientras que Castañeda presuntamente cumplía el rol de “operador legal” de la red de corrupción. La mandataria peruana quedó expuesta a un nuevo escándalo tras el proceso que enreda a su hermano. Boluarte, de 61 años, está siendo interrogada por el llamado Rolexgate y enfrenta otra investigación judicial por la represión de las protestas que siguieron a su investidura.
En el marco del primer proceso, la Fiscalía allanó en marzo su vivienda y el despacho presidencial en busca de las joyas que, según Boluarte, pertenecen a un gobernador que se las cedió en calidad de préstamo. La presidenta está bajo sospecha de “enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos”.
El jueves, el gobierno anunció sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que realizó la operación de registro contra la jefa de Estado y detuvo a su hermano, alegando razones operativas.
Si finalmente la Fiscalía decide acusarla, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución. La mandataria asumió el poder en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso.
Tras su juramentación, estallaron protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública. En las revueltas murieron 50 personas presuntamente a manos de policías y militares. A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Fuente: AFP
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IPS plantea aumentar cálculo jubilatorio de 36 a 120 meses
La gerente de Prestaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanesa Cubas, se refirió al proyecto de modificación de la carta orgánica de la previsional e indicó que se vieron “obligados” a plantear una modificación que afecta a los fondos jubilatorios, por la situación en que recibieron la institución de la administración anterior sobre los fondos de enfermedad y maternidad, y pensiones y jubilaciones.
“Son modificaciones, son propuestas de ley, que nos vemos obligados a proponerle al Poder Ejecutivo y al Congreso por la situación en la que hemos encontrado la institución. Esta no es una ocurrencia, esto es algo que heredamos de las administraciones anteriores, encontramos en una situación crítica esos dos fondos”, expresó Cubas, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El Consejo de Administración del IPS aprobó un proyecto de ley el pasado 25 de abril, que será presentado al Congreso Nacional para estudio correspondiente. La propuesta plantea varias modificaciones, entre ellas, la base reguladora de jubilación. “Implica pasar de calcular hoy la jubilación, considerando solamente los últimos 36 meses de aporte, a pasar a considerar 120 meses de aporte, estamos hablando de considerar 3 años a considerar 10 años”, explicó la gerente.
Indicó que esta propuesta fue recomendada por los últimos informes actuariales de manera reiterativa. “Estadísticamente, tenemos demostrado que la masa, el promedio de aporte de los 900 mil activos que tenemos hoy es un poco más del salario mínimo; sin embargo, el promedio de haber jubilatorio que pagamos a los 79 mil jubilados hoy está por arriba de dos salarios mínimos”, aseveró Cubas.
Explicó que se encontró datos factibles en los que se puede observar que en muchos casos se da un aumento salarial en los últimos 3 años, con el propósito de aumentar la jubilación, una elevación “artificial”, como lo denominó Cubas.