Incursión en cuentas financieras de ciuda­danos, manipulación de datos de personas liga­das al mundo de la política y empresariales, son algu­nas de las aristas que sal­tan con la “denuncia” pre­sentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

El espionaje como herra­mienta de confrontación política es el elemento que resalta en el episodio que, al decir del propio Giuzzio, cuenta con el visto bueno del jefe del Poder Ejecu­tivo.

El titular del servicio de seguridad del Estado tiene en su historia de cuando se desempeñaba como fiscal una larga lista de “denun­cias explosivas” que al final terminaban en saco roto, sin ningún elemento incriminatorio contra los supuestos investigados.

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Como parlamentario ese modus operandi se replicó sin muchos cambios. Siendo senador, Giuzzio habló de la existencia de narco-legis­ladores que, según él, ope­raban de manera desem­bozada con elementos del crimen organizado.

Tampoco entonces aportó pruebas y las tapas y gran­des cabeceras de diarios que se hicieron eco, al final ter­minaron por enterrar artí­culos sobre la pesquisa de Giuzzio que culminaron en la nada.

Sin embargo, esa práctica de utilizar supuestas informa­ciones como garrote contra los contrincantes políticos ahora prendió al parecer en el entorno del Gobierno. Esto se deduce por el hecho de que, sin que el ministro Giuzzio tenga argumentos de relieve, sus mediáticos show son aprobados implí­citamente y ya forman parte de una estrategia de ataques con miras al 2023.

La estrategia de atacar al líder de Honor Colorado por parte de Giuzzio no es nueva. Ya uno de sus ante­cesores, Juan Ernesto Villa­mayor, recurrió al método y al final terminó desnudán­dose a sí mismo con sonados casos de corrupción que lo obligaron a dimitir.

Juristas de diversos ámbi­tos concuerdan que el recurso de “denunciar ante la Seprelad y no ante el canal natural como el Ministerio Público revela que el titu­lar de la cartera del Interior no tiene elementos mínimos para sostener su montaje.

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