Incursión en cuentas financieras de ciudadanos, manipulación de datos de personas ligadas al mundo de la política y empresariales, son algunas de las aristas que saltan con la “denuncia” presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El espionaje como herramienta de confrontación política es el elemento que resalta en el episodio que, al decir del propio Giuzzio, cuenta con el visto bueno del jefe del Poder Ejecutivo.
El titular del servicio de seguridad del Estado tiene en su historia de cuando se desempeñaba como fiscal una larga lista de “denuncias explosivas” que al final terminaban en saco roto, sin ningún elemento incriminatorio contra los supuestos investigados.
Como parlamentario ese modus operandi se replicó sin muchos cambios. Siendo senador, Giuzzio habló de la existencia de narco-legisladores que, según él, operaban de manera desembozada con elementos del crimen organizado.
Tampoco entonces aportó pruebas y las tapas y grandes cabeceras de diarios que se hicieron eco, al final terminaron por enterrar artículos sobre la pesquisa de Giuzzio que culminaron en la nada.
Sin embargo, esa práctica de utilizar supuestas informaciones como garrote contra los contrincantes políticos ahora prendió al parecer en el entorno del Gobierno. Esto se deduce por el hecho de que, sin que el ministro Giuzzio tenga argumentos de relieve, sus mediáticos show son aprobados implícitamente y ya forman parte de una estrategia de ataques con miras al 2023.
La estrategia de atacar al líder de Honor Colorado por parte de Giuzzio no es nueva. Ya uno de sus antecesores, Juan Ernesto Villamayor, recurrió al método y al final terminó desnudándose a sí mismo con sonados casos de corrupción que lo obligaron a dimitir.
Juristas de diversos ámbitos concuerdan que el recurso de “denunciar ante la Seprelad y no ante el canal natural como el Ministerio Público revela que el titular de la cartera del Interior no tiene elementos mínimos para sostener su montaje.