El senador Stephan Rasmussen, del Par­tido Patria Querida (PPQ), destacó ayer la impor­tancia de que la ley ampliato­ria de emergencia sanitaria haya incorporado el artículo referente a la transparencia.

Esto, teniendo en cuenta que todos los procedimientos administrativos y financie­ros previstos en la legislación deberán ser fiscalizados por el propio Congreso Nacional y la Contraloría General de la República (CGR). “Se tiene que reportar todo, tanto al Congreso como a la Contra­loría, de todo lo realizado den­tro de esta Ley de Emergen­cia”, remarcó Rasmussen en comunicación con la 800 AM, resaltando que “era impor­tante que eso se dé”.

Así también, el parlamenta­rio aludió a la única modifi­cación con la que finalmente fue sancionada la legislación y que se refiere a la contrata­ción del personal sanitario.

Cabe señalar que en la vís­pera, la Cámara de Senadores sancionó la ley que amplía el estado de emergencia sanita­ria por el covid-19, extendién­dose el plazo de su vigencia hasta el 30 de junio del pre­sente año. El Poder Ejecutivo, por su parte, ya la promulgó.

Los senadores aprobaron el documento con la modi­ficación incorporada por la Cámara de Diputados el lunes último. Se refiere al artículo que posibilitará al Ministerio de Salud Pública la contratación de personal de salud, aclarándose que podrán tener hasta cuatro vínculos laborales o cargos, aunque de manera tempo­ral y en tanto dure la emer­gencia.

La ley también prevé los fon­dos requeridos para el pago a trabajadores con suspensión laboral o en situación de aisla­miento debido al coronavirus. Otro punto que se mantuvo fue lo relacionado a los pagos para la cobertura de pacien­tes en unidades de terapia intensiva.

Se garantizan los recursos y se autoriza a las autorida­des sanitarias a mantener el sistema de convenios con sanatorios privados para la prestación de los servicios a pacientes con covid-19. A todo ello se agrega la adquisición de vacunas, que podrá encararse mediante tratos directos con las empresas proveedoras.