En junio del 2020 la Comisión de Supervisión de Compras, presidida por Arnaldo Giuzzio, presentó un informe de que no hubo daño patrimonial en la compra fallida de medicamentos al clan Ferreira. Un mes después, a pesar del guiño político, la Fiscalía imputó a Justo y Patricia Ferreira, accionista y directora, respectivamente, de la firma por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

A dos años del inicio de la pandemia, las compras covid que resultaron en un gran robo a la salud quedaron impu­nes gracias al blanqueo de la Comisión de Supervisión de Compras Covid, presi­dida por Arnaldo Giuzzio, que no vio irregularidades y se lavó las manos aludiendo que no hubo daño patrimo­nial al Estado.

El 18 de abril del 2020 arribó al país un cargamento con medicamentos e insumos hospitalarios tras una ace­lerada licitación de US$ 13,5 millones, que había sido liquidada en 72 horas. El gran adjudicado fue el clan Ferreira, que en teoría se presentó como dos empre­sas ganadoras; Eurotec SA e Insumos Médicos SA (Ime­dic), pero luego se reveló que ambas firmas pertenecían a una misma familia.

Eurotec estaba represen­tada por Marcelo Ferreira e Imedic por Patricia Ferreira, ambos hijos de Justo Ferreira.

El caso no termina ahí, dado que, además de tratarse de una licitación direccionada, se produjo un gran escán­dalo por el ingreso irregu­lar de los medicamentos y de los insumos, que además eran de dudosa procedencia.

Los insumos provenían de China e India y no conta­ban con los registros para su comercialización y nacio­nalización, para el ingreso al país de dicho cargamento incluso estuvo involucrado personal aduanero; sin embargo, para la comisión presidida por Giuzzio nada de esto fue motivo de san­ción y terminó blanqueando la compra.

La comisión que debía fisca­lizar las adquisiciones reali­zadas en pandemia se encargó de minimizar este fracaso de gestión. En junio del 2020, Giuzzio quiso enfriar el caso, alegando que no hubo daño patrimonial ni pérdidas, esto cuando ni siquiera sabía si se iba a cobrar la póliza de G. 25.000 millones tras la fallida compra.

No obstante, esto fue de contramano con lo que observó la Justicia, dado que el Ministerio Público terminó realizando nume­rosas imputaciones. En julio del 2020, Unidad Especializada contra Deli­tos Económicos y Antico­rrupción formuló imputa­ción contra Justo Ferreira, Patricia Ferreira y otras cinco personas, entre ellas personal aduanero, por la supuesta comisión de los hechos punibles de con­trabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

Es llamativo que para Giuzzio este suceso no haya sido de mayor trascenden­cia; sin embargo, recorde­mos que la explosión de este caso también ocasionó la renuncia de la directora de Vigilancia Sanitaria Lour­des Rivaldi y del director de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud Alci­des Velázquez, por verse sal­picados en este escándalo al conocerse que incluso com­praron camas a precio de “oro”.

La licitación estipulaba la compra de medicamentos, mascarillas, trajes de pro­tección y camas, que eran de una marca diferente o con­taban con alguna caracterís­tica que difería al contrato, esto sin mencionar que eran defectuosas.

En el acta de imputación también se menciona sobre el ingreso irregular de las camas. “No se encontraban incluidas en la declaración de llegada, pero fueron des­pachadas con una documen­tación adulterada”, señala el documento.

La comisión presidida por Giuzzio e integrada por el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, prefirió no ver este alevoso robo a la salud; sin embargo, Eduardo González, abogado y apoderado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), señaló que esta acción le valió al actual ministro del Interior para atornillarse al cargo, y que de hecho es lo que lo sos­tiene.

“Es notable, la Justicia dice una cosa y él nunca vio. Ese es uno de los detalles por el que no puede ser cam­biando, porque evidente­mente si sale del Gobierno va a empezar a decir cosas, que es lo que se quiere evi­tar”, señaló en una entre­vista radial.

Mientras para Giuzzio el caso está cerrado, aún vive en la memoria de la ciuda­danía, que aguarda que se haga justicia y se castigue a los responsables.