fines de noviem­bre del año pasado, el actual vicepresi­dente, Hugo Velázquez, se encontraba inmerso en una frenética y extemporánea campaña electoral, inten­tando posicionarse como precandidato presidencial oficialista para el 2023 y con mucho de populismo reali­zaba promesas que difícil­mente podría llegar a cum­plirlas.

Entre tantos reclamos sociales, que casualmente Velázquez comenzó a notar, luego de años de indiferencia como Vicepresidente, apare­ció un compromiso de desti­nar recursos del Estado para el pago de las indemnizacio­nes a un grupo de ex obre­ros de Itaipú, asegurando que él mismo se encargaría de las gestiones que fueran necesarias. “¡Tráiganme la lista!”, expresaba Velázquez en aquel entonces.

La administración de la Itaipú Binacional aclaró en un comunicado que los ex trabajadores de empresas contratistas y subcontra­tistas de obras, así como los locadores y sublocadores de servicios, nunca formaron parte del cuadro propio de empleados de la binacional, descartando de esta manera cualquier vínculo laboral con este grupo de personas.

Se recordó además que este mismo pedido fue rechazado en ambas cámaras del Con­greso Nacional en el 2013, cuando fue presentado un proyecto de ley que inten­taba lograr ese reconoci­miento.

La entidad binacional siem­pre sostuvo una misma postura institucional en relación con el tema de ex trabajadores de empresas que prestaban servicios ter­cerizados a Itaipú y todas las demandas presentadas en su contra, sobre este tema en particular, fueron rechaza­das una y otra vez por la Jus­ticia en todas las instancias, incluso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Estas resoluciones, a la fecha, tienen el efecto jurí­dico de cosas juzgadas”, explica parte del comuni­cado hecho público por la binacional, por lo que mal podría un integrante del Poder Ejecutivo torcer estas decisiones legislativas y judi­ciales al solo efecto de cum­plir promesas de campañas políticas.

El monto de lo reclamado por los ex trabajadores terceriza­dos ronda los US$ 960 millo­nes, aunque inicialmente el monto solicitado era cercano a los US$ 2 mil millones.

“La Itaipú ratifica cada uno de los puntos mencionados, aclarando que no se puede proceder a ningún pago en forma unilateral por parte de la Margen Derecha de Itaipú, según la legislación nacional y la normativa binacional, algo a lo que los representan­tes de la entidad deben ajus­tarse”, concluye el comuni­cado, que, además, desnuda las intenciones puramente proselitistas de Velázquez al realizar promesas que en su carácter de Vicepresidente de la República tendría que haber sabido.

“Acá con el compañero Gerardo Soria vamos a comenzar a buscar la reivin­dicación, que es una deuda que tenemos con los com­pañeros de Itaipú, yo me voy a encargar de que a par­tir de este momento vamos a comenzar a buscar la rei­vindicación porque de ver­dad estamos en deuda, pero que lo vamos a pagar, no se preocupen, muchachos”, dijo Velázquez en un video que se viralizó en redes sociales.

Gerardo Soria es un cono­cido operador político de San Pedro que fue designado en setiembre del 2020 como jefe de escritorio de Itaipú, lo que generó polémica en redes sociales por tratarse de una designación comple­tamente politizada.

Como nunca antes, desde agosto del 2018, Hugo Veláz­quez estuvo tan preocupado por hacer recorridos por el país y de improviso llenó sus viajes con promesas y asis­tencias del Gobierno Nacio­nal, que a su vez iban pegadas a la oferta de su candidatura, algo que finalmente le jugó en contra, a juzgar por las opiniones vertidas por la ciudadanía y por los magros resultados en su contra cose­chados en todas las encues­tas realizadas hasta ahora.

La promesa imposible de cumplir que hizo a los ex trabajadores tercerizados de Itaipú se sumó a la promesa de “la ruta de la banana” en Tembiaporã, en Caaguazú, obra que debería concluir en el 2023, año totalmente elec­toral, o las autofelicitaciones en redes sociales por la con­clusión de obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).