El agente fiscal Osmar Legal allanó la oficina de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) en el marco de la investigación iniciada por la supuesta concesión irregular de tragamonedas y otros.
Se investiga lesión de confianza, prevaricato, usurpación de funciones públicas y otros hechos con relación a la cesión irregular del control de máquinas tragamonedas.
En el caso están imputados por presunta lesión de confianza el actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, y el exprocurador Sergio Coscia, quien es actual apoderado del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Igualmente, la fiscala María Estefanía González realizó otros allanamientos.
Durante el procedimiento se incautaron documentos que se tendrán que analizar y tampoco se descarta que se amplíe la imputación a otras personas que están siendo investigadas, mencionaron los agentes intervinientes en el caso.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió la imputación el pasado viernes y fijó para el 19 y 20 de enero, a partir de las 8:30, la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se decidirá si son beneficiados con medidas alternativas o se decreta la prisión preventiva de los imputados.
De acuerdo a la citación del juez Otazú, el titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, deberá acudir a tribunales el 19 de enero, a las 8:30, mientras que Coscia deberá pisar el Palacio de Justicia el 20 de enero, a las 8:30.
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Apoderado del Vicepresidente, bajo la lupa
El magistrado Humberto Otazú, juez especializado en casos de delitos económicos, procesó penalmente por supuesta lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción al actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, así como a Sergio Coscia, ex procurador general de la República y actual apoderado del vicepresidente Hugo Velázquez, por irregularidades en la adjudicación de los juegos de azar y la legalización de las tragamonedas en lugares prohibidos.
Cabe recordar que Coscia habría “intermediado” para obtener una resolución para la concesión de licitaciones, así como para acreditar a las empresas a través de la Procuraduría General de la República.