El Estado paraguayo, a través de la ley que regula el Presupuesto General de Gastos de la Nación, desembolsa anualmente cientos de millones de dólares a Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Es por provisión de bienes y servicios, y que plantea un grave problema: no existe base legal para controlar a fondo cómo y a qué se destina semejante volumen de dinero.

El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, señaló que ese bache escapa a la jurisdicción del ente que preside, pues el rubro 800 (sobre desembolsos a las ONG) depende del Presupuesto General de Gastos, esto es, competencia de legisladores.

“Estoy perfectamente consciente sobre la mala utilización del rubro 800. Somos testigos de los grandes problemas. Eso no forma parte de la Ley de Contrataciones Públicas. Está solamente en las leyes de Presupuesto”, declaró Seitz, al ser abordado sobre el tema.

Subrayó que el proyecto de ley de Contrataciones Públicas, con media sanción en el Parlamento (por parte del Senado), tampoco contempla que dicho rubro 800 pase a la jurisdicción de la oficina de la que es director.

“Vamos a seguir empujando a través de la modificación de la normativa presupuestaria. Directamente, prohibiría el uso del rubro 800 cuando el destino del mismo es un servicio, un bien o una obra para una misma institución pública”, manifestó Seitz.

El funcionario significó que solo la Contraloría General de la República tiene potestad relativa para verificar cuentas, pero que no alcanza para llegar al fondo de cómo se utilizan los recursos que las ONG reciben por parte del Estado.