El proyecto de Ley de Compras Públicas es otra legislación que está siendo frenada por el sector legislativo que responde al vicepresidente Hugo Velázquez.
El proyecto, que tuvo media sanción en el Senado tras largos meses de cajoneo, es considerado por el ala de técnicos del Gobierno (Hacienda, BCP y Secretaría de Planificación) como clave para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, así como para la sostenibilidad del equilibrio fiscal.
La ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, señaló que desde la esfera de su competencia harán gestiones para acelerar el tratamiento y definición de la Ley de Compras Públicas ante el Legislativo.
La misma indicó que el dinero público que se optimizará con ese órgano legal se estima que sea de US$ 300.000.000, que pueden ser direccionados a otros ítems de inversiones del Estado.
Algunos avances que plantea la ley, remarcó, es el relacionado a compras a escala de insumos para los entes públicos.
Con ello se logrará que las instituciones oficiales adquieran en un solo lote productos que, al ser adquiridos en lotes separados, representan gastos mucho más altos y que son fuente de corrupción, como se verificó en varios episodios.
Otro avance será el punto que obliga al Estado a compras de productos de micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán asociarse para proveer a los entes estatales de los insumos que ellos producen.
“Ahora lo que se introduce es lo que se denomina reserva de mercado en el que un porcentaje de compras de las instituciones es destinado a mipymes”, dijo Casco.
LOS EPISODIOS
Cabe indicar que los últimos casos de corrupción que se destaparon en los entes públicos tienen relación con las adquisiciones en entes estatales.
Sobrefacturaciones, compras de materiales en mal estado, duplicaciones de pagos por obras, entre otros, representan los ítems de irregularidades más comunes que se reportan en ese sentido.