Los denunciantes que fijan residencia en Luque expresaron que el dueño original del inmueble falleció en el 2019, y a partir de ahí empezaron a sufrir el acoso “judicial” para despojarlos de la propiedad.
El detalle, sin embargo, es que todos los documentos que presentó la gavilla denunciada son de contenido falso.
La fiscala Sandra Ledesma, una de las intervinientes, señaló que investigan los tentáculos que tendrían los delincuentes, en esferas públicas.
“Estamos investigando varios hechos. La denuncia consiste en que con una orden judicial posiblemente falsificada, adulterada, con la firma de una jueza que ya falleció, se realizó un acto interlocutorio de desalojo que se había ordenado. Hasta ahora no apareció la supuesta denunciante del juicio civil por el cual se había logrado el desalojo”, expresó Ledesma.
Agregó que la pesquisa va en primera instancia hacia todos los implicados en el hecho.
El abogado de la familia que denunció el hecho, Eduardo Bernal, acotó que el juicio de desalojo jamás existió, que los estafadores fraguaron los documentos. “Es una rosca mafiosa que se dedica a este tipo de delito”, concluyó.