El senador del Partido Hagamos, “Tony” Apuril, lamentó que la Cámara Alta haya remitido al archivo el proyecto que pretendía elevar las penas a los funcionarios que usen bienes estatales en sus campañas electorales. El documento había sido presentado también por su colega colorado Enrique Riera.
“La Cámara de Diputados ya lo había hecho y ahora la Cámara de Senadores archivó nuestro proyecto que pretendía castigar con penas de cárcel el uso indebido de los bienes del Estado. Cortaron la posibilidad de contar con una herramienta para luchar contra la corrupción”, manifestó el senador.
Apuril comentó que sus colegas “se basaron en tecnicismos legislativos que bien podrían haber sido modificados si querían aprobar este proyecto”. De esta forma, el documento fue rechazado totalmente en ambas cámaras legislativas. El documento proponía modificar una ley derogada, hecho que hizo impracticable el proyecto, que requerirá de la presentación de uno nuevo que apunte a elevar la punibilidad del uso de bienes del Estado, cuyo control queda a cargo de la Contraloría General de la República.
Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, los parlamentarios sostuvieron que el proyecto buscaba modificar la Ley 2880/2006, siendo que dicha norma está derogada. A la vez, mencionaron que todos los artículos de la iniciativa violaban las leyes y los códigos vigentes.
La utilización de los bienes del Estado, especialmente vehículos, en épocas de campañas electorales es una deleznable práctica que se viene persiguiendo desde el inicio del proceso democrático en el país. Si bien no se ha podido evitar en su totalidad, hubo avances en el combate a la utilización ilegal de bienes públicos a favor de ciertos sectores, especialmente los que se encuentran en función de gobierno.
Una nueva ley que sancione con mayor dureza estos hechos podría ser ser una salida para disminuir a porcentajes mínimos esta irregularidad.