El senador del Partido Hagamos, “Tony” Apuril, lamentó que la Cámara Alta haya remitido al archivo el pro­yecto que pretendía elevar las penas a los funcionarios que usen bienes estatales en sus campañas electorales. El documento había sido presentado también por su colega colorado Enrique Riera.

“La Cámara de Diputados ya lo había hecho y ahora la Cámara de Senadores archivó nuestro proyecto que pretendía castigar con penas de cárcel el uso indebido de los bienes del Estado. Cortaron la posibili­dad de contar con una herra­mienta para luchar contra la corrupción”, manifestó el senador.

Apuril comentó que sus colegas “se basaron en tec­nicismos legislativos que bien podrían haber sido modificados si querían aprobar este proyecto”. De esta forma, el documento fue rechazado totalmente en ambas cámaras legislati­vas. El documento proponía modificar una ley derogada, hecho que hizo impractica­ble el proyecto, que reque­rirá de la presentación de uno nuevo que apunte a ele­var la punibilidad del uso de bienes del Estado, cuyo con­trol queda a cargo de la Con­traloría General de la Repú­blica.

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Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, los parlamentarios sos­tuvieron que el proyecto buscaba modificar la Ley 2880/2006, siendo que dicha norma está derogada. A la vez, mencionaron que todos los artículos de la ini­ciativa violaban las leyes y los códigos vigentes.

La utilización de los bie­nes del Estado, espe­cialmente vehículos, en épocas de campañas elec­torales es una deleznable práctica que se viene per­siguiendo desde el inicio del proceso democrático en el país. Si bien no se ha podido evitar en su tota­lidad, hubo avances en el combate a la utilización ilegal de bienes públicos a favor de ciertos sectores, especialmente los que se encuentran en función de gobierno.

Una nueva ley que sancione con mayor dureza estos hechos podría ser ser una salida para disminuir a por­centajes mínimos esta irre­gularidad.

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