Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) celebran la decisión de la Cámara de Sena­dores que durante la sesión ordinaria del jueves rechazó la expropiación de la estancia Pindó, ubicada en el distrito de Curuguaty, en el departa­mento de Canindeyú.

“Aplaudimos al Senado por la decisión tomada. Estamos en condiciones de decir que hoy Pindó volverá al Estado de derecho”, señaló a la 800 AM Diego Torales, titular de la Comisión de Defensa de la ARP.

El profesional abogó por el buen funcionamiento de las instituciones del Estado a fin de garantizar el respeto a la propiedad privada. “Hay gente que en definitiva no tiene ya derechos porque fueron alguna vez objeto de la reforma agraria, ya obtuvieron sus lotes y vendieron”, refirió con rela­ción a los invasores de la pro­piedad privada.

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Dijo que las familias beneficia­das con la reforma agraria debe­rán ser ubicadas en colonias cer­canas al citado establecimiento ganadero. “Tenemos varias compras relativamente nuevas en la zona y finalmente tenemos que exigirle a las instituciones que funcionen. El Indert es la institución encargada por ley de aplicar lo que es la reforma agraria, tiene los mecanis­mos para hacerlo”, significó.

REMITIDO AL ARCHIVO

La Cámara de Senadores ana­lizó en la tarde del jueves el proyecto de ley de expropia­ción del inmueble que corres­ponde a la estancia Pindó, y por amplia mayoría de 22 votos contra 11 a favor, el ple­nario rechazó la propuesta de ley presentada por el Frente Guasu en el 2014.

En el tratamiento, los legisla­dores argumentaron y sostu­vieron que el proyecto de ley es inconstitucional y violatorio a varias normativas, entre ellas el estatuto agrario y ambienta­les que impide llevar adelante cualquier planteamiento de expropiación.

Al momento de su trata­miento, el senador Fidel Zavala expuso ante el pleno el dictamen por el rechazo de la Comisión de Reforma Agra­ria, brindando en detalles los argumentos por los cuales el proyecto de ley de expropia­ción de la Estancia Pindó no puede ser aprobado. Lo cali­ficó de inconstitucional y vio­latorio del propio estatuto agrario y otras leyes ambien­tales. Tras un lago debate, el proyecto fue rechazado y remitido al archivo.

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