En medio de un caldeado ambiente, en la Junta Municipal de Luque se llevó adelante el juramento de los nuevos concejales y del intendente. El concejal Diego Romero, quien presidió la Junta Municipal, se negó a tomarle el juramento a Óscar González Chaves, debido a una condena de 8 años que pesa sobre él, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En la ocasión, Romero manifestó que solicitarán ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral la nulidad del juramento de Óscar González Chaves, hijo del ex senador Óscar González Daher. Sin embargo, desde el Tribunal de Justicia Electoral señalaron que “González Chaves no tiene impedimento para jurar como concejal, porque su condena aún no está firme”.
Además, el edil señaló que tras haber levantado la sesión, el ex concejal de Luque presidió la Junta y les tomó el juramento a 9 ediles, entre ellos a González Chaves. “Vamos a atacar de nulidad esta sesión”, expresó. Por otro lado, indicó que hubo un supuesto acuerdo político para que el hijo del ex senador pudiera jurar.
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Parlasur eligió a su nueva presidenta y se puso fin a disputa por el cargo
El Parlamento del Mercosur (Parlasur) eligió este lunes 29 a la diputada argentina Fabiana Martín como nueva presidenta del órgano y se convirtió en la primer mujer en presidirlo. La legisladora pertenece al partido Unión Celeste y Blanco y forma parte de la coalición “La Libertad Avanza” del cual forma parte el mandatario Javier Milei.
Martín recibió el voto de 50 de sus pares y con esta elección Alfredo Olmedo fue removido del cargo. La disputa por la presidencia del Parlasur ya llevaba varios meses e impedía el normal desarrollo de las sesiones. La indefinición y los enfrentamientos entre las delegaciones argentinas, incluso desencadenaron en que la diputada paraguaya Jazmín Narváez denuncie agresiones en su intento por ingresar a la sala de sesiones.
“No podíamos sesionar, cada sesión se incidentaba, la delegación argentina recaía en insultos, en discusiones, se cerraban los micrófonos, se impedía el acceso a la sala de sesiones y todo hizo que no se pueda sesionar y que lleguemos hasta este momento en el que se optó por el cambio de presidente”, explicó el diputado Rodrigo Gamarra en diálogo con La Nación/Nación Media.
Finalmente, hoy se pudo subsanar la situación y el órgano deliberativo pudo tener oficialmente su primera sesión del año donde se pudieron abordar algunos de los temas. Algunos asuntos fueron enviados nuevamente a comisión para su análisis y se tomó el juramento a los parlamentarios que estaban pendientes.
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Declaración a favor de Israel
La próxima sesión está prevista para el 28 de mayo, indicó el legislador colorado y señaló que en dicha oportunidad, se defenderá el posicionamiento a favor de Israel. “Estaba como uno de los puntos del orden del día aprobar una declaración en contra de Israel que presentaron gente de la izquierda argentina, nosotros vamos a pedir el rechazo y defender la posición de Israel”, aseguró Gamarra.
Asimismo, se está analizando la creación de una Comisión de Hidroeléctricas donde puedan abordarse temas energéticos y también se evaluará a sugerencia de Cancillería de diseñar un manual del ciudadano del Mercado Común del Sur (Mercosur).
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Imedic: tribunal rechazó anular acusación de Patricia Ferreira y juicio oral continúa
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y exclusión probatoria, presentados por la defensa de la acusada Patricia Ferreira, directora de la firma Imedic S.A y los demás acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de fármacos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Igualmente, los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero solicitaron a los jueces de sentencia el rechazo de los incidentes presentados por la defensa de los acusados. El tribunal colegiado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y rechazó todo lo planteado. Además de Ferreira, están siendo juzgados Nidia Godoy, funcionaria de la firma Imedic S.A. y el despachante de Aduanas, Néstor Ramírez.
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Este caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registraron durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados, debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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Senado dejó sin quórum estudio de desafuero de Mario Abdo Benítez
Ante la falta de quórum, la Cámara de Senadores levantó su sesión ordinaria en el momento que se desarrollaba el estudio del pedido de desafuero del senador vitalicio y exmandatario Mario Abdo Benítez. El presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, hizo un repaso de sus colegas presentes, donde se registró un total de 22 senadores, cantidad que ya no permite proseguir con la sesión.
En un principio se habló que la propuesta era mejor postergarla sine die, pero para dicho efecto no se consiguió reunir la mayoría simple de 23 votos, tampoco contaba con los números para su aprobación, que era la mayoría absoluta de 30 votos. Por lo que, para evitar que el documento sea rechazado, dando una imagen de blindaje, se optó por dejar sin quórum la sesión.
El senador Derlis Maidana, de la Comisión de Legislación, indicó que es necesario respetar las instituciones, y por ello, no se debe obstruir la investigación penal, el cual, a su consideración, se está llevando adelante con las garantías del debido proceso. Indicó que tanto el exmandatario Abdo Benítez, así como los demás coimputados, tienen el lujo de contar con los mejores abogados y estudios jurídicos de este país, para llevar adelante sus respectivas defensas.
Destacó que la imputación fue admitida por una jueza de Garantías y quien ha convocado a aquellos que no tienen fueros para que sean oídos. “Es una cuestión que pasa absolutamente por la Justicia ordinaria, y que nosotros, como Senado, mal podríamos entrar a trabar esta situación, que prácticamente es entrar a entender sobre el fondo de la causa”, indicó.
Persecución política
Por otra parte, indicó que se ha mencionado en el plenario sobre el “Lawfare”, que es la utilización de la Justicia para perseguir al adversario político. Maidana sostuvo que el Lawfare es lo que hicieron René Fernández, Arnaldo Giuzzio y los demás imputados no cumpliendo con el artículo 32 de la Ley 1.015 de Seprelad, ni el artículo 315 del Código Penal, y otras disposiciones legales.
“Ellos utilizaron datos sensibles como la publicación de un informe que solicitó la Fiscalía de Panamá a Seprelad; y ellos pasaron a un diario de gran circulación de la República del Paraguay y así comenzó el operativo jurídico, mediático, político de perseguir a los adversarios políticos. Yo pregunto: ¿Horacio Cartes, Santiago Peña y Óscar Boidanich, ustedes vieron si en todo ese expediente que reclamó la Comisión de Asuntos Constitucionales, si tuvieron el derecho a la defensa al debido proceso, antes de publicar estos informes amañados? Claro que no”, remarcó.
Se evitó el blindaje
Fuera de la sala de sesiones, el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, indicó que mediante esta acción se ha logrado evitar el blindaje, recordando que el propio presidente Mario Abdo Benítez había estado en contra del blindaje. Incluso, él había presentado un proyecto de ley que fue rechazado en su momento. Señaló, además, que no existen los votos para blindar, rechazando el pedido de desafuero solicitado por la Justicia.
“Yo defiendo la idea de que ellos (sus colegas) no contaban con los votos para blindar a Mario Abdo. Ahora el pedido judicial queda pendiente, el cual podría ser tratado en cualquier momento, en cualquier sesión que sea convocada. Para nosotros es una victoria porque no se ha logrado el blindaje”, indicó.
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Declaran asueto hoy para todos los funcionarios del Congreso Nacional
El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, firmó ayer martes la resolución por la cual se declara asueto el miércoles 27 de marzo, tanto en el Senado como en el Congreso, coincidiendo además con el decreto establecido por el Poder Ejecutivo. De este modo, sin adelantar la sesión ordinaria de la semana, la Cámara Alta deja varios temas relevantes para abril.
Uno de los principales asuntos a ser tratados corresponde al pedido de desafuero del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, recordando que la comisión encargada de su dictamen había pospuesto el análisis de la petición para el 2 de abril. La vicepresidenta segunda del Senado, Hermelinda Alvarenga, presidió la reunión de la Mesa Directiva para determinar los principales puntos a ser abordados en la próxima sesión.
También debe definirse el tratamiento del proyecto de ley de “Hambre cero en las escuelas”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La prioridad parlamentaria es aprobar sin mayores modificaciones el plan impulsado desde el Poder Ejecutivo, con el objetivo de avanzar prontamente con la implementación del mismo.
Por otra parte, a diferencia de la Cámara de Senadores, ayer se desarrolló una sesión extraordinaria en la Cámara Baja, en reemplazo de la prevista habitualmente para mañana, buscando compensar la anticipada interrupción de las actividades en el Congreso y no dejar pendientes tantos temas establecidos en el orden del día de Diputados.
La declaración de asueto del Ejecutivo abarca a todas las dependencias del Estado, entre las cuales se encuentran incluso el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. El decreto excluye del asueto a los funcionarios y empleados públicos que prestan servicios médicos de urgencia y en horarios especiales, y a los funcionarios afectados a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad.