Recurriendo a la vieja práctica de cambiar de abogado a horas de iniciarse la audiencia preliminar, la ex titular de Petropar Patricia Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, acusados por lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica en plena pandemia del covid-19, lograron suspender la diligencia judicial que debía realizarse hoy. Ahora el juez penal de Garantías Julián López Aquino tendrá que fijar nuevamente una nueva fecha para el desarrollo de la diligencia judicial en la que se definirá si Samudio y su esposo van a un juicio oral y público.
La Fiscalía formuló acusación y pidió juicio oral para la ex presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) por un supuesto perjuicio patrimonial de casi G. 360 millones, ocasionado tras el conocido caso de compra de agua tónica supuestamente en el marco de la “lucha” contra la pandemia.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera consideran que cuentan con suficientes elementos contra los acusados. Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítem 6 consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron.
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Buscan modificar Código Penal para combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
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Juerza Patricia
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político.
La semana pasada se dio la condena en primera instancia a Patricia Samudio, expresidenta de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez. En igual sentido fue condenado su esposo José Costa Perdomo con una pena menor. Ambos por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de agua tónica y otros insumos, ocurrido en el peor momento de la pandemia del covid-19 en mayo de 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. El Ministerio Público estuvo representado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera.
Son los primeros condenados de lo que fue el desgobierno de Abdo Benítez durante la pandemia. De hecho, la condena viene con un mensaje contundente de la Justicia más allá del monto del perjuicio o incluso de la cantidad de años de la condena, en el fondo en alguna medida viene a constituir un bálsamo para las decenas de miles de fallecidos y para los cientos de miles que alguna vez padecimos la enfermedad.
Hay que recordar que Samudio formaba parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo de 2020.
El Ministerio Público pudo probar que el dinero fue a parar a la cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. La gente se estaba muriendo por la desastrosa gestión en la compra de vacunas (hay una denuncia por esto que sigue durmiendo en el Ministerio Público), y mientras tanto unos pocos solo pensaban en un único fin: llenarse los bolsillos. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de Petropar para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré.
¿El argumento esgrimido por el gobierno de Mario Abdo para realizar y justificar la operación? “El agua tónica cura el covid-19″. La base fue un dictamen médico que el profesional de blanco admitió en el juicio fue hecho incluso posterior a la compra. Una burla absoluta. En momentos en que Nación Media prácticamente era el único grupo de medios que cuestionaba los atropellos y barrabasadas que se estaban cometiendo de manera impúdica y descarada, mientras nos obligaban a todos los paraguayos a vivir encerrados y pasábamos más tiempo en entierros cuasiclandestinos de nuestros seres queridos, los personeros del anterior gobierno juntaban la plata en pala.
Como la filosa daga de la traición con el pueblo que le dio la confianza, el expresidente de la República Abdo Benítez le daba su respaldo a la que entonces dirigía la petrolera estatal con una frase que retumba hasta ahora: “Juerza Patricia”.
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Habilitan biblioteca “Dr. Eugenio Jiménez y Núñez” en sede judicial de San Lorenzo
En el marco del Día Internacional del Libro, se llevó a cabo el acto de inauguración de la Biblioteca Jurídica “Dr. Eugenio Jiménez y Núñez” en la sede judicial de San Lorenzo. El acto rindió homenaje al exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Miembro de la Comisión Nacional de Codificación, Dr. Eugenio Jiménez y Núñez, por su importante legado y contribución al sistema judicial paraguayo.
El evento contó con la presencia del presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, el vicepresidente Alberto Martínez Simón, el ministro superintendente de la circunscripción de Central, Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Víctor Ríos Ojeda.
La biblioteca, que lleva el nombre del ilustre jurista, alberga un acervo bibliográfico de gran valor, compuesto por una amplia gama de materiales de las diversas ramas del derecho. Este espacio, destinado a la investigación y el estudio, se convierte en un recurso fundamental para magistrados, funcionarios, abogados y toda la comunidad jurídica del departamento Central.
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El ministro superintendente de Central, Eugenio Jiménez Rolón, manifestó su gratitud por la iniciativa del Consejo de Administración de la Circunscripción de Central de habilitar la biblioteca y, en especial, por la designación que le honra a él y a su familia: “Este homenaje no solo me enaltece a mí, sino a toda la descendencia del Dr. Eugenio Jiménez y Núñez, quien dedicó su vida a la carrera judicial, desempeñándose con admirable ética y profesionalismo en diversos cargos, hasta alcanzar la cúspide como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, integró la Comisión Nacional de Codificación, en la cual plasmó sus valiosos aportes jurídicos, dijo.
Las autoridades destacaron la donación de libros por parte del catedrático Alvarado Velloso, así como el aporte de la señora María Gloria Gusinky con materiales jurídicos pertenecientes a su marido, Emilio Cubas. A estas donaciones se suman las realizadas por los magistrados de la circunscripción, demostrando su compromiso con el conocimiento jurídico.
La ceremonia finalizó con el descubrimiento de la placa conmemorativa que da nombre a la biblioteca y el tradicional corte de la cinta simbólica. Esta actividad, llevada a cabo en el marco del Día Internacional del Libro y de la Propiedad Intelectual, reafirma la importancia del conocimiento y la cultura jurídica como pilares para una sociedad más justa y equitativa.
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Decretan prisión de actuaria judicial imputada por desaparición de expediente de RGD
El juez penal de Garantías José Delmás resolvió decretar la prisión preventiva de la actuaria judicial Juliana Romero, imputada por la desaparición de un expediente del condenado Ramón González Daher. Al tener conocimiento de la resolución del citado magistrado, la imputada tuvo que ser remitida de urgencia a Enfermería del Palacio de Justicia a raíz de una descompensación.
El juez Delmas dispuso que el departamento femenino de la Policía Nacional arbitre los medios necesarios para preservar la salud de la imputada. Igualmente, se hace constar que en caso de urgencia deberá ser trasladada a un centro asistencial.
La actuaria judicial tendrá que estar recluida en el Departamento Judicial de la Policía Nacional por el plazo de 15 días y no habiendo resolución en contrario, pasará a guardar reclusión en la Penitenciaría de Mujeres Cárcel del Buen Pastor.
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El Ministerio Público imputó por supuesto sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
La funcionaria judicial había presentado una denuncia en la que aseguraba que unos desconocidos ingresaron al sistema con su usuario y contraseña para reemplazar el expediente N.° 1075/2021 “Ramón González Daher s/ testimonio falso” por el expediente N° 2310/2017 “Arnaldo José Duré s/ estafa”. Luego se pudo comprobar que ella misma ingresó y habría realizado el cambio correspondiente por lo que fue imputada.
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