Este miércoles la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo definirá si el expresidente de la Ande Carlos Heisele enfrentará un juicio oral y público, quien soporta proceso penal hace varios años por lesión de confianza por el sobrecosto multimillonario en el pago a los dueños de propiedades que fueron afectados por la construcción de la línea 500 kV.
Para el 3 de noviembre está fijada la audiencia preliminar en la que la magistrada Alicia Pedrozo resolverá si el ex titular de la Ande estará sentado en el banquillo de los acusados.
El presente caso de corrupción ya lleva varios años sin poder avanzar y es así que la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar se fijó tras ser destrabado el presente proceso penal en la Corte Suprema de Justicia. La defensa del ex titular de la Ande había planteado varias chicanas para seguir dilatando el proceso.
Además de Heisele, fueron acusados Jacinto Rodríguez, funcionario de la dirección de gabinete de la institución mencionada; Mónica Rodríguez, de la dirección jurídica, y René Aranda, junto con Ángel Galeano, abogados de los dueños de los inmuebles.
El proceso penal se inició tras varias publicaciones periodísticas que señalaron un sobrecosto millonario en el pago a los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de 500 kV.
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Pedro Sánchez evalúa si renunciará a su cargo de jefe de gobierno español
- Madrid, España. AFP.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció sorpresivamente que evalúa dimitir y que dará a conocer su decisión el lunes, debido a una investigación judicial sobre su esposa por presunta “corrupción”.
“Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, señaló el mandatario en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X.
Sánchez, en el poder desde 2018, indicó que comparecerá “ante los medios de comunicación (...) el próximo lunes, 29 de abril” para dar a conocer su decisión, y hasta entonces canceló su agenda pública.
La investigación preliminar sobre su esposa, Begoña Gómez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción, fue abierta el 16 de abril ante una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, según anunció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sánchez, de 52 años, reelegido por el Parlamento en noviembre, rechazó la denuncia, que a su juicio está basada en hechos “inexistentes”, y la enmarcó en una “estrategia de acoso y derribo” en su contra de “medios de marcada orientación derechista y ultraderechista”, respaldada por los partidos de la derecha y la extrema derecha.
“No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal (...), sino por ser mi esposa”, escribió Sánchez.
La decisión de la justicia se conoció después de que el medio digital El Confidencial revelara que los investigadores examinaban los vínculos de Gómez con con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate durante la pandemia de covid-19.
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Un promedio de G. 500 a 1.000 millones es el perjuicio a la Ande
El gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Hugo Rolón, señaló que el perjuicio para la entidad con el funcionamiento de las granjaminerías va desde G. 500 a 1.000 millones al mes. Estos montos son los que debería percibir la Ande, sin embargo, el consumo de energía eléctrica de las granjas de criptomonedas se da de manera clandestina.
“Lo que hace estas granjas es el procesamiento de monedas virtuales. Estamos hablando de un promedio de 500 a 1.000 millones de guaraníes por mes que tendría que pagar por el consumo de energía eléctrica”, refirió en comunicación con la 650 AM. El daño a la Ande no solo se representa en términos económicos, sino también en el consumo propio de la energía eléctrica.
“En lo que va del año hemos intervenido unas 14 granjas de criptominería que se estaban conectando de manera ilegal a la red de distribución y esto en término de potencia representa 40 megavatios, aproximadamente. Si hablamos en números, representa casi 2 veces el consumo de ciudades como Pilar y Villarrica”, detalló.
Reiteró que el perjuicio que están generando es enorme, en este caso a las redes de distribución y también al patrimonio institucional de la Ande.
“Normalmente se instalan donde tenemos varios alimentadores de distribución. Lógicamente en esos lugares tenemos también sectores industriales y ellos se mimetizan dentro de estas zonas industriales, entonces pasan desapercibidos”, refirió.
Apuntó que se sigue trabajando en la lucha en contra de estas granjas ilegales. “No existe una variación significativa, salvo que se instalen en líneas radiales, a finales de línea. Estamos trabajando con otros organismos del Estado para optimizar la lucha contra los ilegales”, puntualizó.
GRUPO DE PODER INVOLUCRADO
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) trabaja en un sistema de monitoreo de consumo de electricidad en el marco de la lucha contra las granjas de criptominería ilegales que sobrecargan al sistema en muchas áreas del país. Así lo anunció su titular, Félix Sosa, revelando que hasta el momento llevan realizadas 64 denuncias ante la Fiscalía.
Luego de la pandemia, al registrarse el “boom” de la criptominería y el alto consumo que conllevaba este negocio, la Ande comenzó a tomar medidas contra las actividades de las empresas como Esur SA que utilizaban mucha electricidad, pero que pese a ello pagaban un módico monto, por lo que fijó una tarifa especial y comenzó a regularizar esos emprendimientos.
De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a través de la administración y distribución de energía eléctrica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.
En setiembre de 2019, la empresa encabezada por Micky Zaldívar incluyó en sus negocios la minería de datos, específicamente criptomonedas, para utilizar la tecnología de Blockchain, lo cual consta en la página web del grupo Azeta.
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Las criptominerías y el perjuicio a la Ande: promedio va de G. 500 a 1.000 millones al mes
El gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Hugo Rolón, señaló que el perjuicio para la entidad con el funcionamiento de las granjaminerías va desde G. 500 a 1.000 millones al mes.
Estos montos son los que debería percibir la Ande, sin embargo, el consumo de energía eléctrica de las granjas de criptomonedas se da de manera clandestina.
“Lo que hace estas granjas es el procesamiento de monedas virtuales. Estamos hablando de un promedio de 500 a 1.000 millones de guaraníes por mes que tendría que pagar por el consumo de energía eléctrica”, refirió en comunicación con la 650 AM.
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El daño a la Ande no solo se representa en términos económicos, sino también en el consumo propio de la energía eléctrica.
“En lo que va del año hemos intervenido unas 14 granjas de criptominería que se estaban conectando de manera ilegal a la red de distribución y esto en término de potencia representa 40 megavatios, aproximadamente. Si hablamos en números, representa casi 2 veces el consumo de ciudades como Pilar y Villarrica”, detalló.
Reiteró que el perjuicio que están generando es enorme, en este caso a las redes de distribución y también al patrimonio institucional de la Ande.
“Normalmente se instalan donde tenemos varios alimentadores de distribución. Lógicamente en esos lugares tenemos también sectores industriales y ellos se mimetizan dentro de estas zonas industriales, entonces pasan desapercibidos”, refirió.
Apuntó que se sigue trabajando en la lucha en contra de estas granjas ilegales. “No existe una variación significativa, salvo que se instalen en líneas radiales, a finales de línea. Estamos trabajando con otros organismos del Estado para optimizar la lucha contra los ilegales”, puntualizó.
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Urge una ley para que la Ande regule a las licencias otorgadas
El diputado Derlis Rodríguez habló sobre los alcances del proyecto de ley para regular criptomonedas en el país que se encuentra en estudio en la Cámara Baja. El legislador explicó que con esta regulación la Administración Nacional de Electricidad (Ande) podrá firmar las licencias con las granjas de criptomonedas y evitar la clandestinidad.
“Esto sucede porque hoy no existe el marco regulatorio. Hoy la Ande sí tiene requisitos para firmar una licencia con ellos, pero no existe una ley que regule esto. Ojalá que podamos sacar una ley que nos convenga a todos en el menor tiempo posible”, expresó Rodríguez en entrevista a la 1020 AM.
Así también, con esta regulación se podría crear una moneda propia, de acuerdo al legislador. “Nosotros lo que queremos hacer con la ley es, incluso, crear nuestra propia moneda, nuestro propio criptoactivo paraguayo”, apuntó.
LEGALIZAR PRODUCCIÓN Y MINERÍA
El diputado Rodríguez refirió que el objetivo de esta iniciativa es la legalización de la producción y la minería, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentran instaladas en el país, pero de manera clandestina y que está causando una gran problemática en el consumo de energía eléctrica. “Planteamos la ley que va más allá de la producción y minería. Queremos legalizarla, tener el control de ellas, saber cuánto se produce y le podamos poner un impuesto y que nuestro mercado, el Banco Central, lo reconozca como moneda”, manifestó el parlamentario.
Agregó que actualmente la clandestinidad de las criptominerías está apañada por las propias autoridades de diferentes instituciones y estamentos, por lo que con esta regulación el propósito es eliminar esa situación. “La corrupción es el peor cáncer que tiene el país y la impunidad lo sigue rápidamente. Nadie haría tanta inversión sin tener protección. Acá todos quienes han hecho una inversión gigantesca tenían protección y no solo de la Ande, sino de la Fiscalía y el Poder Judicial”, sentenció.
SEPA MÁS
Grupo Zucolillo, metido en el negocio
En medio de la fiebre por la criptomoneda y los allanamientos que se realizan a las granjas mineras que operan de manera ilegal en el país, una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el negocio a través de su empresa Esur SA (Energías del Sur), usando como pantalla a un shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la Ande. La pérdida ocasionada ronda los USD 300.000.