El viceministro de Tributación, Óscar Orué, ratificó ayer que la empresa investigada en el caso de megaevasión no tiene la capacidad de brindar los servicios a los municipios y a la Gobernación de Cordillera. Destacó que habría un superproveedor detrás de la firma en cuestión.
“Pensamos que en este esquema estamos ante un superproveedor porque la empresa no pudo haber prestado los servicios, no pudo haber hecho esas construcciones. No es que nosotros le controlamos o no le controlamos a los municipios, esa no es nuestra función”, dijo el viceministro en una entrevista con canal Trece.
Comentó que cuando saltó el caso de la persona que supuestamente proveyó a los municipios y a la gobernación por valor de G. 51.000 millones, se detectó que la empresa no tenía la capacidad para ofrecer los servicios porque el 97% de sus facturas es falsificado y el hombre es de escaso recurso.
Orué afirmó que existe también la posibilidad de que haya prestado su firma para que otra empresa haga las obras, pero que esta posibilidad es muy “burda” para la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), por lo que se sospecha que habría un superproveedor del Estado, pero que eso ya está a cargo del Ministerio Público.