Un proyecto de ley que apunta a una “quita salarial” a trabajadores que no están afiliados al Instituto de Previsión Social está generando revuelo en ámbitos laborales. La idea de dicha legislación, según lo que se sabe de ella, es que se descuente a todos los trabajadores no asegurados.

El plan comenzó a gestarse en ámbito del Ejecutivo, y surgió a partir de la experiencia de subsidios que se vivió durante la pandemia.

Tanto la ayuda de la previsional para asegurados en situación de paro, así como el programa Pytyvõ, revelaron la necesidad de contar con un fondo para situaciones de emergencia. Ello llevó a poner al tapete la cuestión de “una especie” de seguro para casos de desempleo. Sin embargo, el proyecto plantea algunas cuestiones que desatan suspicacias en sectores del ámbito de los trabajadores.

¿Hay seguridad de que la plata que se vaya recaudando tendrá solo el destino que le asigna la ley?

El ex gerente de Prestaciones Económicas del IPS Pedro Halley señaló que la idea de tener una ley que garantice cuanto menos un ingreso mínimo, en tiempos de paro, tiene una arista positiva.

Indicó que el universo de recaudación es muy amplio, teniendo en cuenta que una gran mayoría de trabajadores no está en la franja de formalizados.

“Sobre el sector trabajador dependiente, el que depende de un empleador, 4 de cada 10 trabajadores están inscritos en IPS. El 40% está formalizado”, expresó Halley.