Un hombre de 37 años que vive en el barrio Ricardo Brugada –Chacarita– de Asunción, fue víctima del esquema de utilización de facturas falsas, quien señaló que usaron su identidad sin su consentimiento.

El hombre manifestó que la Subsecretaría de Tributación le investiga porque figura que facturó G. 51.000 millones. El mismo declaró que nunca tuvo RUC y que no tiene para comprar una zapatilla de 20 mil guaraníes.

El humilde hombre se puso a disposición de las autoridades de Tributación al tiempo de plantear una denuncia ante la Fiscalía. La persona que fue implicada manifestó que llegó a entregar su cédula de identidad policial a operadores políticos hace aproximadamente cinco años tras recibir una promesa de trabajo.

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“Le había proporcionado mis documentos, antecedentes policiales, antecedentes judiciales, todo con mi fotocopia de cédula, hasta me pidió la cédula para que pueda autenticar. Como yo tuve confianza le había dado”, afirmó el hombre en conversación con la emisora Monumental.

En esa ocasión no pudo más ubicar a las personas, alegó, y que esa fue la última vez que las contactó. Agregó que tuvo que denunciar una semana después el extravío de su cédula porque ya no le habían devuelto.

Añadió que se dedica a varios oficios, pero habitualmente trabaja en obras de construcción como albañil. “Es bastante jetu’u (difícil) porque yo estoy desempleado, buscando trabajo, y ahora con esta causa que me está pasando, no estoy consiguiendo nada porque a las empresas que les llevo mis papeles, revisan y encuentran que yo soy un multimillonario. Entonces, no me van a tomar en serio”, lamentó.

Hasta ahora no tiene respuestas de la denuncia que realizó ante la Fiscalía, recalcó.

En los últimos tres días, la SET también dio a conocer que en el esquema de facturas falsas figuran que un limpiavidrios facturó al Estado más de G. 26.000 millones al año y un hombre de 80 años, en tres años, G. 57.000 millones.

El esquema detectado por la SET, conforme explicó su titular Óscar Orué contempla comprobantes falsos por G. 171.300 millones (US$ 25 millones), que afectan a un superproveedor, otras 16 grandes empresas y 100 pequeñas compañías. Además, involucra a 17 municipalidades y una gobernación. Aún se investiga a más instituciones.

La administración tributaria sospecha que la megaevasión justifica obras “fantasma”, ya que el proveedor de estas instituciones se dedica al rubro de la construcción, pero no fue adquirido un solo ladrillo ni se contrató a un solo obrero.

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