El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, dijo que no se puede descartar que la rosca que involucra a 17 intendencias y a una gobernación en el esquema de facturas de contenido falso o clonadas, se encuentre también infiltrada en instituciones del gobierno central. Afirmó que es necesario que se establezcan condiciones penales más severas con el fin de castigar a los responsables. Esto en torno a los 295 contratos de un “superproveedor” del Estado, Cristino Jara López, quien facturó G. 57.000 millones a dichas instituciones.
“Estamos hablando de cerca de G. 170 mil millones en total de emisión de facturas que nosotros presumimos que son falsas. Hay que recordar que existen 17 municipios y una gobernación que han adquirido o recibido servicios de una empresa cuyo 97% de sus gastos o costos son facturas falsas”, refirió. Mencionó que los trabajos de investigación ya comenzaron con una reunión realizada en la fecha con los representantes de la Contraloría y del Ministerio Público. “Acá la Contraloría tendrá la responsabilidad de verificar que las obras se hayan realizado, sus costos y todo lo relacionado a cómo son los gastos del dinero público y la Fiscalía se encargará de ver las implicancias de posibles hechos punibles, de hecho nuestra denuncia es por la utilización de facturas falsas y bueno tendrá que determinar si existen otros hechos punibles”, indicó.
Comentó que la Dirección de Contrataciones Públicas está colaborando con dichas instituciones. Agregó que desde su institución tienen trazado absolutamente toda la ruta del dinero. “Cuando hablamos de una empresa muy grande que están haciendo obras a nivel nacional, lo que uno presupone es que hay una estructura bastante amplia, bien organizada, donde se paga con cheques o se hacen transferencias bancarias y eso no existe. Siempre nosotros hablamos de supuestos, escuché entrevistas a algunos intendentes que desmeritan lo que nosotros hacemos y lógicamente critican eso, que para nosotros es normal, pero estamos muy seguros de lo que hicimos y tenemos totalmente trazados”, detalló. Ante la consulta de que si dicha empresa pudo haberse infiltrado en las instituciones del Poder Ejecutivo, indicó que “puede ser, el director de Contrataciones me comentó que esta empresa tiene contratos pequeños con algunas entidades, no sé si son de la administración central, pero sí pueden ser entidades del Estado, además de los municipios”.
DEPÓSITO DE G. 3.500 MILLONES
Dentro de la investigación realizada por la SET se descubrió que el proveedor de los municipios intentó depositar un cheque por G. 3.500 millones (US$ 510.000 al cambio actual) en el Banco Nacional de Fomento y que fue emitido por una de las municipalidades, pero la entidad bancaria no le permitió porque le pidió justificar el origen de los fondos. Luego el proveedor en cuestión pudo depositar en un banco privado, cuya identidad no reveló, pero confirmó que dos días después del depósito se retiró la jugosa suma.