Las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmaron que en total 2.140 kits CTX fueron recibidos en la institución tras ser devueltos por los distintos locales de votación habilitados para las elecciones municipales del pasado 10 de octubre. Los materiales incluyen las notebooks, los escáneres y sus respectivos accesorios, así como los certificados de transmisión de resultados preliminares (TREP).
Todos los kits fueron puestos en resguardo a fin de que se pueda llevar a cabo cualquier auditoría que se precise, explicó el director de Recursos Electorales, licenciado Luis Salas, al confirmar que el 100% de los equipos fue devuelto.
Así también, explicó que los sobres Nº 6 que contienen los boletines de voto no utilizados pasarán por un inventario. En tanto, a las máquinas de votación “se les realiza un testeo a fin de entregar a la empresa que rentó dichas máquinas a la institución electoral”.
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Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.
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TSJE definió los primeros departamentos en los que se aplicará la pasantía electoral 2024
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) lanzará oficialmente el lunes 22 de abril el plan 2024 de pasantía electoral. El convenio firmado con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se encuentra vigente hasta el 2026, año en que se prevé la realización de los comicios municipales.
El fin de la iniciativa se centra en lograr el involucramiento y la participación de los jóvenes en los procesos electorales. Serán beneficiados del plan los estudiantes de los últimos años de la Educación Media, quienes participan de charlas y capacitaciones en la sede central de la institución electoral, así como en las oficinas distritales.
De esta forma, el organismo electoral dio a conocer los primeros departamentos en que se aplicará el plan nacional. Iniciará en el departamento de Amambay, en la localidad de Pedro Juan Caballero; en el departamento de Cordillera, en las ciudades de Caacupé y Piribebuy; en el departamento de San Pedro, en la zona de San Pedro del Ykuamandyju y en el departamento de Paraguarí, en los sitios de Paraguarí y Quiindy. Posteriormente el plan será aplicado en las demás cabeceras departamentales.
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De acuerdo a las informaciones proveídas desde el TSJE, en el año 2021 aproximadamente 2.500 estudiantes participaron activamente de las elecciones municipales, mientras que en los pasados comicios generales de 30 de abril se contó con un total de 3.000 pasantes, quienes cumplieron diversas funciones, como soporte técnico, asistiendo a las personas con discapacidad durante la jornada eleccionaria, entre otros.
“La Justicia Electoral tiene el compromiso de promover la participación de los jóvenes en los procesos electorales, con el objetivo de intensificar el civismo en los estudiantes y ampliar sus conocimientos en el ámbito electoral, realizando tareas electorales como voluntarios”, refieren desde el TSJE.
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Senado anula la devolución de fueros a tres legisladores
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de resolución por el cual se mantiene el desafuero de los senadores Hernán Rivas, Erico Galeano y Rafael Filizzola. Tras un intenso debate, finalmente los senadores resolvieron aprobar el pedido presentado por la bancada de Honor Colorado.
Se trata del proyecto de resolución “por el cual se derogan los artículos 1.°, 2.° y 3.° de la Resolución n.° 502 dictada por la Honorable Cámara de Senadores, de fecha 4 de abril de 2024, y restablece la vigencia de las resoluciones números 48, 433 y 313, de la Honorable Cámara de Senadores”.
Al inicio del tratamiento de este proyecto de resolución, el senador Derlis Maidana solicitó que el pleno se constituya en comisión para emitir un dictamen sobre la propuesta, lo que fue aprobado por el pleno. En esta instancia, Maidana expuso el dictamen de los abogados constitucionalistas Marcelo Duarte y Luis Lezcano Claude.
LEVANTAMIENTO DE INMUNIDADES
El jurista Marcelo Duarte indicó en su dictamen que “la facultad del Congreso se limita al levantamiento de las inmunidades y su retiro solo afecta a la investigación penal quedando a cargo del juez de la causa decidir sobre la procedencia de las siguientes decisiones procesales solicitadas por las partes”. Exposición que fue presentada por el senador Maidana ante el pleno.
Así también, el abogado señaló en su dictamen que: “el Senado solo tiene la facultad de retirar los fueros a las personas que ocupan determinados cargos, en el caso de los legisladores, en la última parte, del artículo 191 de la Constitución Nacional; no así la facultad de devolvérselos o de otorgárselos a otra persona, por ende, los senadores que fueron despojados de sus fueros recuperarán desde el momento que sean desvinculados de la causa penal por decisión de la instancia judicial”.
En el dictamen del doctor Lezcano Claude, el mismo expone que: “Cuando la Cámara concede el desafuero está diciendo en términos sencillos que está de acuerdo que uno de sus integrantes sea sometido a un proceso penal y lo pone a disposición de la Justicia ordinaria en cuanto a un proceso concreto, con todas las implicancias que ello supone, incluida la posibilidad de la prisión preventiva y por todo el tiempo que sea necesario para el desarrollo del proceso”.
Así también refiere que “admitir que el Senado puede revertir un desafuero implica aceptar que puede interferir en el proceso penal en curso, en cualquier etapa del mismo, no se reconoce a las Cámaras la facultad de revertir un desafuero y de este modo intervenir en el curso normal de un proceso penal llevado a cabo ante la Justicia”.
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Planifican ciclo de debates electorales a nivel del Mercosur
El ministro Cesar Emilio Rossel, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), recibió como visita protocolar a Alexandre Andreatta, director ejecutivo del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (ODPM), junto con su comitiva; con el objetivo de proyectar un foro de debates electorales que promueva el intercambio de conocimientos en referencia al impacto de crímenes virtuales y la desinformación en la integridad de los procesos electorales.
De acuerdo al informe oficial de la Justicia Electoral, el encuentro que prevé un ciclo de debates reunirá a autoridades de organismos electorales de los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur), así como la participación de parlamentarios del Mercosur, representantes de organizaciones internacionales, sociedad civil, agrupaciones políticas, empresas privadas y académicos.
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Igualmente, señalan que se propuesieron establecer las estrategias y mecanismos para prevenir y combatir el uso indebido de la tecnología en el contexto electoral, y la promoción de cooperación entre los países del Mercosur para fortalecer la seguridad y transparencia de las elecciones.
Además, señalan que se pretende elaborar un informe de consulta descriptivo que documente las tecnologías actuales, las innovaciones presentadas por las autoridades electorales, incluyendo las inquietudes, consideraciones y sugerencias expresadas por los distintos actores involucrados.
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