El entorno de Miguel Prieto, quien resultó reelecto intendente en Ciudad del Este, está estrechamente vinculado de manera directa o indi­recta a hechos delincuen­ciales y de corrupción, que incluso llevaron a medios de comunicación del Brasil a afirmar que presuntamente la comuna esteña estaría siendo utilizada como base de operaciones para proveer de armas a la facción cri­minal Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro. A comienzos de diciembre del 2020, en un operativo con­junto entre agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Poli­cía Federal del Brasil logra­ron capturar a Pedro César Prieto, considerado como un elemento clave para la pro­visión de armas de guerra al CV desde la Triple Frontera.

De acuerdo a varias fotogra­fías que circularon inme­diatamente después de su arresto, Pedro César Prieto,­quien se desempeñaba como funcionario de la Municipali­dad de Ciudad del Este, apa­recía muy cercano al inten­dente Miguel Prieto en varias actividades compartidas.

En setiembre pasado, una investigación del Grupo Nación descubrió un sis­tema de repartija de licita­ciones y pago de coimas que quedó expuesto tras una fil­tración de audios que revela­ron la manera en que otro de los hombres de confianza de Miguel Prieto, Pedro Acuña, recibía millonarias coimas de recompensa en la discrecio­nal adjudicación de la costa­nera Ñande Renda.

Prieto ganó la Intendencia en el 2019 tras la renuncia de Sandra McLeod de Zaca­rías y rápidamente se alió con sus opositores y pactó con los “zacariistas extor­sionadores” (como los calificaba) que se pusieran a su dis­posición tras lle­gar a un acuerdo respecto a sus exigencias: contratacio­nes de reco­mendados en la municipalidad, muchos de ellos planilleros, y el pago de un porcentaje.

Según datos manejados por la contraloría ciudadana de la capital del décimo departamento, entre los años 2016 y 2018 la administración de los Zacarías malversó unos G. 36 mil millones de los fondos correspondientes a impuestos inmobiliarios, entre otros. Pero el gobierno de Miguel Prieto en un solo año desvió más de G. 7 mil millones, según el ente contralor.

Prieto, con varias denuncias por irregularidades en su administración en el transcurso de la crisis sanitaria y económica por el covid-19, buscó evadir las acusaciones manifestando sentirse un “perseguido político”. La Contraloría General de la República (CGR) anunció días pasados que se abrirían dos fiscalizaciones paralelas a la Municipalidad de Ciudad del Este tras conocerse el esquema de negociados en las compras covid-19 de alimentos, revelado en una investigación de La Nación.