Los incidentes que se generaron en inmediaciones del Congreso Nacional entre los campesinos, indíge­nas y la Policía Nacio­nal se sumaron a la lista de haberes del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Una vez más quedaron como evidencia las fallas en la gestión de Giuzzio y por este motivo se convierte en el polí­tico de la semana para La Nación.

La inacción de las fuerzas públicas ante la manifes­tación de los campesinos e indígenas generó el miér­coles un ambiente caldeado y violento en las adyacen­cias de la sede legislativa durante el estudio de la ley (actualmente ya pro­mulgada) que aumenta las penas hasta 10 años de cár­cel por invasiones a propie­dades privadas.

Desde hace tiempo el ministro del Interior viene siendo cuestionado por el sector político. En marzo, cuando se dieron las mar­chas y los reclamos ciuda­danos al Gobierno por falta de vacunas y la crisis sani­taria, la gestión de Giuzzio ya venía arrastrando malos resultados.

Esto se agravó con el paro de camioneros que violó el derecho de la libre circula­ción bajo una tibia actua­ción de la Policía. A esto se sumó la ola de inseguri­dad en las calles y en esta semana los hechos vandá­licos protagonizados por las comunidades indíge­nas y campesinas que se enfrentaron a los agentes policiales.

Estos altercados fueron cuestionados una vez más por Pedro Alliana, presi­dente de la Cámara de Dipu­tados; incluso, lo calificó como el peor ministro del Interior que le pudo tocar a este gobierno.

“No nos va a hacer cambiar nuestra posición sobre este tema. Creemos que es mejor dar seguridad a la gente sobre su propiedad y casti­gar a los invasores”, expresó el titular de la Cámara Baja tras la sanción y posterior promulgación de la ley que eleva las penas para los invasores de la propiedad privada.

A comienzos del mes de setiembre, Giuzzio ya había presentado su renuncia al presidente Mario Abdo Benítez, pero el mandata­rio le demostró su apoyo y le dio entre 60 y 90 días para obtener resultados ante la ola de inseguridad.

Sin embargo, en esta opor­tunidad Giuzzio se desen­tendió de la situación y dijo estar “harto” de los cuestio­namientos que se dan en su contra. “¿Por qué tendría que renunciar? Esto es un caso relacionado a la promul­gación de una ley, no tiene absolutamente nada que ver…”, declaró luego de una reunión que mantuvo con los altos jefes de la Policía.