Una verdadera jornada de auténtico vandalismo se vivió ayer en el microcentro de Asunción frente al Congreso Nacional, donde un importante contingente de indígenas de Canindeyú y Alto Paraná llegó a la capital para exigir a la Cámara de Diputados el rechazo del proyecto de ley que eleva las penas carcelarias a invasiones de tierra. Los manifestantes causaron millonarios destrozos con la quema de vehículos, además agredieron a un periodista y varios policías, incluso, recibieron impacto de flechas en el cuerpo.
ARMADOS
La jornada arrancó con mucha tensión ante el inminente inicio de la sesión ordinaria de Diputados, en la que se debía tratar el polémico proyecto de ley que era rechazado por los manifestantes. Incluso, varios de ellos llegaron a amenazar con incendiar el Congreso Nacional si se aprueba la ley contra invasiones. Los nativos que estaban armados con honditas, arcos y flechas con puntas de metal y otros portando bombas molotov fueron captados amenazando a los agentes policiales que custodiaban el lugar sin que estos reaccionen ante esta situación.
En el transcurso de la mañana (por ayer) se registraron varias trifulcas en la que agredían a los que se encontraban en frente, sean estos periodistas, funcionarios del Congreso que intentaban retirar sus vehículos del lugar o la misma policía que formó una barrera humana, sin protección. Aproximadamente 7 efectivos policiales, entre ellos un comisario, fueron agredidos durante los incidentes. Uno de los uniformados recibió un flechazo en la pierna y otros sufrieron cortes y heridas en el cuerpo. Además destrozaron la puerta de blíndex de uno de los accesos al Congreso.
ATAQUE A PERIODISTA
En tanto el funcionario del Senado, de profesión periodista, Víctor Román fue una de las víctimas de los que se aprovecharon del caos del momento para intentar robarle. En comunicación con La Nación señaló que si bien fue brutalmente agredido por desconocidos que subieron desde la Chacarita, los nativos le destrozaron el auto, hasta que pasado el mediodía le llegaron a incendiar. “La saqué barata”, comentó, al indicar que además de ver que le rompieron inicialmente el parabrisas y las ventanas. Un grupo de 4 personas le atacó por detrás, golpeándolo hasta que lo echó al suelo y le propinó varias patadas.
Por otra parte, indicó que al igual que la quema del Congreso en el 2017, él pudo ver cómo la policía ayer dejó que ocurrieran los hechos vandálicos, los policías se quedaron de brazos cruzados viendo cómo estaban destrozando los vehículos particulares y no reaccionaron para detener el ataque.
CIERRE DE RUTAS EN EL INTERIOR
A la par que en la capital se registraban hechos vandálicos, en protesta por el rechazo del proyecto de ley que eleva las penas a invasiones de tierra, en varios puntos del interior del país se reportaron que grupos indígenas realizaban cierre de rutas y puentes.
SEPA MÁS
Fiscalía ordena identificar a vándalos
El agente fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, de la Unidad N° 1 Especializada en el área de seguridad y convivencia de las personas, ordenó ayer a la Policía Nacional identificar a las personas que quemaron vehículos particulares frente al Congreso y cometieron otros actos vandálicos. Además, se recordó a la institución policial que ella es la encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos, de sus bienes y del orden público. Además, pide comunicar a la Unidad Penal Fiscal en cuestión si existen personas aprehendidas por los sucesos ocurridos, como saqueo y quema de vehículos, actos vandálicos y agresiones a los mismos uniformados que custodiaban la sede del Poder Legislativo.
ALERTA DE SEGURIDAD 100%
Por su parte, la Policía Nacional emitió una alerta de seguridad al 100% de toda su fuerza operativa en todas las dependencias policiales del país. El comisario general Luis Arias Navarro, comandante de la Policía Nacional, emitió la nota de servicio en la que comunica la disposición. Esto se da tras el posible desborde de diferentes movilizaciones que se producen en varios puntos del país, especialmente protagonizadas por indígenas y campesinos que están en contra de la ley que eleva las penas a los invasores de propiedades privadas.