La senadora Georgia Arrúa, del Partido Patria Querida (PPQ), denunció que fue agredida verbalmente por su colega Sixto Pereira, del Frente Guasu (FG), bajo la anuen­cia del titular del Congreso Nacional, Óscar “Cachito” Salomón, del Partido Colo­rado (Añetete), a quien acusó de estar totalmente entregado al sector de la izquierda radi­cal y no cumple sus funciones.

Arrúa detalló que la falta de respeto surgió durante el debate del proyecto de ley aprobado en el Senado, el cual plantea elevar las penas contra los invasores de la propiedad privada. El con­flicto surgió cuando el par­lamentario del FG, durante su intervención, afirmó que sus colegas del PPQ solo se dedican a “cacarear”, hecho que molestó a la legisladora esteña solicitando moción de orden a Salomón.

Ante el pedido realizado, Arrúa recibió como res­puesta de Pereira: “Cállate, yo estoy hablando”, para pos­teriormente ser silenciada. “Yo interrumpí porque se refirió a la bancada de PPQ como los que cacareaban, me dirigí al presidente para que haga cumplir el reglamento y lo llamé a orden, pero como está entregado a ellos, me silenció el micrófono y per­mitió que Sixto Pereira me falte al respeto sin decir una palabra”, manifestó.

Las declaraciones de Arrúa surgieron ante las expresio­nes de solidaridad que fue­ron realizadas por la diputada Rocío Vallejo, perteneciente a su sector político, quien “repudió enérgicamente el maltrato” de Pereira, al igual que las declaraciones del también senador Fidel Zavala contra Desirée Masi, a quien calificó de “Gata Flora”.

“Yo pedí la palabra y cuando me llegó el turno, protesté ante el presidente porque es él quien no cumple su función y no hace cumplir el reglamento interno. Yo no salgo ofendiendo a todos los que defienden ideas distintas. No miento, no soy como otros y tampoco lloro, simplemente hago lo que me corresponde y este impresentable no me afecta (Sixto Pereira)”, sen­tenció Arrúa.

Salomón concretó su pre­sidencia por un segundo periodo a raíz de una alianza que realizó con el Frente Guasu, sector que se opone rotundamente a la aproba­ción de la ley que aumenta las penas a los invasores. Es más, algunos de los integrantes de este sector fueron denuncia­dos por incitadores a invadir propiedades privadas.