El titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, indicó que espera que el Congreso sancione cuanto antes el proyecto de ley que eleva las penas a quienes son procesados por invasiones de la propiedad privada. En ese sentido, enfatizó que espera que esta normativa sirva para disuadir a cualquier persona que tenga intención de ingresar a una propiedad privada.
El empresario agroganadero indicó que espera que a través de esta ley se tenga el efecto disuasivo y que la gente comprenda que de ninguna manera se trata de una persecución a sectores campesinos ni a personas que trabajan honestamente. Los que se conducen por los canales legales no tienen nada que temer.
Mencionó además que desde los gremios de la producción han apoyado desde un principio la aprobación de la ley porque la consideraban necesaria para disuadir a quienes tengan intención de ingresar a una propiedad privada o incluso propiedad del Estado. Indicó que cualquier invasión a una propiedad pública o privada se realiza violentando la ley. “La posibilidad de enfrentar penas mucho más duras podría tener un efecto disuasivo para disminuir en parte por lo menos esta industria de las invasiones de tierras”, expresó.
Asimismo, remarcó que la aprobación de esta normativa no debería ser tomada como una persecución a sectores vulnerables. “No hay ninguna intención de perseguir a alguien, ese es un discurso sesgado interesado. Los que incurren en una invasión de la propiedad son delincuentes que están cometiendo un delito. El hecho de que se eleven las penas, para que tenga un efecto disuasivo, no significa perseguir a alguien. En todo caso, es una persecución, pero a los delincuentes, a los que violan las leyes y si eso no se persigue cómo vamos a controlar la situación. Esta ley no persigue a la gente trabajadora, honesta ni a los campesinos”, comentó Galli.
El titular de la ARP mencionó además que ninguna ley tiene efecto retroactivo e indicó que, de sancionarse y promulgarse esta normativa, será aplicada a eventuales invasiones que pudieran ocurrir en adelante. Indicó que estas penas más elevadas no pudrían aplicarse a los casos de invasiones pasadas.
APROBACIÓN DEL SENADO
Cabe recordar que, en la última sesión ordinaria de la Cámara Alta, el plenario acompañó por amplia mayoría (29 votos a favor) la propuesta de elevar las penas en los casos de invasión a la propiedad privada. El pleno aprobó la normativa que eleva hasta a 10 años de pena privativa de libertad para los casos de invasiones de la propiedad privada.
En el numeral 1, se establece que “el que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años”. Mientras que en su numeral 2 refiere que “cuando la invasión, en el sentido en el numeral anterior, se realizara con el objeto de instalarse en él ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno la pena privativa de libertad será hasta de 10 años”.
SEPA MÁS
Diputados tratará con celeridad
El líder de la bancada de Honor Colorado, en la Cámara Baja, diputado Basilio “Bachi” Núñez, aseguró que darán celeridad al tratamiento del proyecto de Ley que eleva penas carcelarias a procesados por invasión de la propiedad privada. Respondió de esta forma, al pedido que había dejado el senador Antonio Barrios, a través de las redes sociales.
Indicó que es necesario contar con la normativa, para dar tranquilidad y seguridad a la gente que trabaja su tierra y a los propietarios en general. Recordó además, que el pleno de Diputados, tiene un importante avance en ese sentido, ya que esta cámara ya se había declarado garante de la propiedad privada por unanimidad.
Actualmente, se registran poco más de 1.000 invasiones en todo el país, la mayoría de ellas en el Departamento Central. Se tiene como un hecho que los instigadores de las ocupaciones son operadores políticos o directamente políticos, incluso representantes electos.
Cabe recordar que esta normativa se planteó, con el fin de contrarrestar la iniciativa parlamentaria, que presentó inicialmente el senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista, en la que proponía legalizar las invasiones, pero tuvo que retirarlo porque el rechazo unánime ciudadano así le obligó.