La Comisión Anticon­trabando de la Cámara de Senadores reci­bió ayer al senador colorado Martín Arévalo y al director de Aduanas, Julio Fernández. Ambos fueron citados para aclarar las denuncias realiza­das uno contra otro, ocasión en que los dos se ratificaron en sus acusaciones.

Arévalo negó una vez más cualquier tráfico de influen­cias en Aduanas y reclama a Fernández la falta de pre­caución en el cuidado de las mercaderías decomisadas por contrabando.

“Estoy acá para defender derechos del Estado, creo que hay un daño patrimo­nial de casi US$ 3 millo­nes que podían ser para el Ministerio de Salud, no puede quedar impune, la gente responsable debe pagar con sus bienes el hecho”, sostuvo.

Además, negó el supuesto tráfico de influencias para lograr la contra­tación de dos per­sonas en Adua­nas y aseguró que es una “cortina de humo”, por­que alegó que jamás pidió a nadie, y nadie le ofreció algo a cambio. “¿De qué tráfico de influencias hablamos?”, recriminó.

“Creo que es un montaje para desviar la atención de lo que pasó”, explicó el sena­dor. Denunció que Aduanas no se interesó en hacer un seguimiento al robo de las mercaderías. “Un año no movió el expediente la Fis­calía”, cuestionó.

Por otra parte, hizo referen­cia al contrato con el depósito Gical, mencionando que no era res­ponsabilidad del estableci­miento la cus­todia de las mercaderías. Por eso responsabiliza al director de Aduanas por no establecer la seguridad necesaria o buscar seguros para resguardar las cargas millonarias que ya pertene­cían al Estado.

“Hubo un complot, fue un hurto, no había guardias, ni alarmas, nada, el único guar­dia salió”, declaró el senador. Ante este hecho, el legisla­dor presentó la denuncia de hurto de las mercaderías el 24 de agosto del 2020 en el depósito Gical, luego las mercaderías res­tantes denunció que se vendieron a EMEKU, a un costo menor.

Reiteró que Julio Fernández es res­ponsable institu­cionalmente de las mercade­rías robadas. “Escuchamos que responsabiliza a Gical, es mentira, por contrato el director tenía que precau­telar las cargas. Aduanas libera el depósito y una rosca mafiosa se pone de acuerdo para robarle al Estado, mer­caderías declaradas en comi­sos”, concluyó.

Por su parte, el director de Aduanas, Julio Fernán­dez, también se ratificó en su denuncia inicial con­tra el senador. Expuso una estructura que se monta para el contrabando de electrónica, donde el legis­lador trata de influenciar para colocar a funciona­rios en cargos estratégicos que permitan el tráfico de electrónica.

Al retirarse de la Sala de Sesiones sostuvo que después de sus acusa­ciones trabaja más tranquilo, sin visi­tas ni llamadas. “Solo denun­cio el tráfico de influencias, les soy sin­cero, desde que pasó eso (la presenta­ción de denuncia de tráfico de influen­cias al senador) tengo una tranquilidad trabajando, nadie me visita, poca gente me está llamando por telé­fono”, expresó. Todos los sectores marcaban visita en su despacho de Aduanas, como desde empresarios y despachantes, explicó, pero “hoy estoy siendo más pro­ductivo”, alegó al retirarse.

Durante su declaración en la comisión, el director expuso la solicitud del senador para la designación de Miguel Medina como administra­dor de Terport San Antonio. Así como los mecanismos utilizados para adulterar los contenedores para que el ingreso sea legal y su rela­ción con estructuras que se manejan para el tráfico de electrónica.

“No es un tango que se baila entre dos, hablamos de una coreografía, habla­mos de importadores, fun­cionarios de Aduanas, des­pachantes y siempre algún padrino detrás de este tipo de negocios”, expresó.

Fernández explicó que en los despachos de las firmas de Gregorio Cubilla (se declaró dueño de la carga de contra­bando), intervino 282 veces Miguel Medina y 223 veces Luis Pereira, quie­nes fueron reco­mendados del senador.