La representante legal de la agroganadera Pindó SA, Margarita Colmán, señaló que si bien la estancia Pindó pertenece al sector privado y afecta a una empresa, se ha convertido en un estandarte para el sector productivo que levanta en defensa de la producción, en defensa de la propiedad privada y en salvaguarda de la vida humana. En ese sentido, enfatizó que ha llegado el momento en que el gobierno de Mario Abdo Benítez defina si está a favor de la propiedad privada y en cumplimiento de lo que establece la Constitución o va a permitir el saqueo y abuso contra la producción.
En comunicación con el diario La Nación, Colmán indicó que si el Gobierno no reacciona y permite que continúe la invasión y los demás delitos que se cometen, se llegaría a un Estado fallido, sin autoridad. “Es momento en que el Estado paraguayo tiene que sentar una postura, o realmente está a favor del productor, del trabajador. O realmente se va a desentender de esta situación, y todos quedarán a la deriva, con un Estado ausente, un Estado sin autoridad, un Estado prácticamente fallido. Estamos esperando esa respuesta del Presidente, de su equipo del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y de las autoridades judiciales”, enfatizó la abogada.
APOYO POLÍTICO
Asimismo, indicó que la defensa de la estancia Pindó debería ser considerada una causa nacional, en defensa de la producción, en defensa de la propiedad privada y la salvaguardia de la vida humana, porque dentro de esta propiedad no solo se han apropiado de manera ilegal de grandes extensiones de tierra, sino que han violentado a varias personas de manera agresiva, les han privado de su libertad, robado y saqueado a trabajadores de la estancia.
Pero lamentó que muy contrario a lo que esperaban de los sectores políticos han visto en reiteradas ocasiones, en especial del Frente Guasu, no solo salían en defensa de los invasores, sino que los arengaban a resistir en el lugar hasta conseguir que dichas tierras sean expropiadas.
Recordó que el año pasado presentaron una denuncia contra tres senadores, Sixto Pereira, Hugo Richer y Pedro Santacruz, con las respectivas evidencias de las veces que estuvieron dentro de la propiedad arengando a los invasores, con la promesa de conseguir la expropiación. Indicó que ya en el 2012 hubo un primer intento, pero fue rechazado luego de que las instituciones públicas encargadas de la salvaguardia del medio ambiente habían informado que dichas tierras no son aptas para la reforma agraria, porque eran grandes extensiones de reserva boscosa.
“Aun así, en el 2014 volvieron a presentar otro proyecto de expropiación, que ahora los senadores Sixto Pereira, Hugo Richer y Pedro Santacruz están buscando reflotar, y se volvió a pedir informe a las instituciones. Pero estamos seguros que la respuesta va a ser la misma, y esto lo digo porque la propia Infona ha iniciado una denuncia penal, por la deforestación”, indicó.
SEPA MÁS
Foco de deforestación y narcotráfico
La abogada Margarita Colmán indicó que la estancia Pindó, antes de ser invadida, contaba con una extensión de 2.876 hectáreas de bosque nativo. De las cuales, el Instituto Forestal Nacional (Infona) ha constatado que se ha deforestado totalmente cerca de 2.000 há de bosque nativo. Mientras que la Fiscalía de Delitos contra el Narcotráfico ha constatado cerca de 25 parcelas de plantaciones de marihuana dentro de una isla boscosa.
Indicó que conforme al mapeo satelital y sobrevuelos que realizaron en propiedades colindantes a la zona invadida y que se pretende su expropiación, también perteneciente a la estancia Pindó, estos invasores también saquearon, y ahora se está convirtiendo en su interior para plantaciones de marihuana.