Una medida cautelar emitida el 30 de julio pasado por Magalí Zavala, jueza de Primera Ins­tancia en lo Civil y Comercial, generó incidentes en la tarde del sábado 14 de agosto. Alre­dedor de 100 indígenas que llegaron en dos buses, acom­pañados por activistas de derechos humanos, presun­tamente vinculados al partido Frente Guasu, a bordo de un vehículo del Instituto Para­guayo del Indígena (INDI) y gran cantidad de agentes poli­ciales ingresaron a propieda­des privadas de la colonia La Fortuna, distrito de Itakyry (Alto Paraná).

Michelle Betancourt, repre­sentante legal de los propieta­rios, explicó al Grupo Nación que la medida cautelar emi­tida por la jueza no especifica el lugar en el que este grupo de indígenas debería permane­cer y solo menciona que debía ser ubicado en la colonia La Fortuna. Los indígenas alen­tados por los activistas bus­carían ocupar un total de 100 hectáreas, 24 de las cuales pertenecen a los clientes de la mencionada abogada.

“Estas activistas instaron a los indígenas a ingresar de manera violenta, protegidos por los policías. Al final prote­gieron a ellos (los activistas) y no a nosotros que tenemos los títulos de propiedad, ampa­ros constitucionales dictados por jueces competentes de Itakyry, pero ahora no sabe­mos qué va a suceder”, explicó la profesional del derecho.

Un gran despliegue policial de casi 50 agentes realizó la Poli­cía Nacional para que estas personas puedan ingresar al inmueble privado, según se pudo observar en varios videos que fueron publica­dos en redes sociales.

Los propietarios afectados por el atropello dieron a conocer su postura en un escrito difundido por redes sociales. “Estamos trasladando a nues­tros animales por seguridad y nadie está para proteger nues­tra integridad. Hace 3 años sufrimos el acoso por parte de la comunidad Ka’apoty y las ONGs que les respaldan, sin ningún fundamento legal sobre sus supuestas tierras, que el propio INDI denunció en el 2019 como solo pape­les, resultado de una gran estafa al Estado y a los próji­mos hermanos indígenas uti­lizados por esta gente”, men­ciona parte del escrito dado a conocer.

“No existe Estado de dere­cho para el respeto a la pro­piedad privada. Giuzzio y el comandante están haciendo este procedimiento peligroso con una turba de campesinos e indígenas que están llegando a nuestra comunidad de Tape Yke Yke Itakyry y pretenden confiscar nuestras tierras de 7, 10 y 26 hectáreas desde 1995, donde los invasores y sus alia­dos las ONGs, con falsedades, nos dan trato de delincuen­tes”, mencionan.

“Desde Itakyry, los pobla­dores responsabilizamos a la jueza Magalí Zavala y a las ONGs Plataforma Social, DDHH, Memoria y Demo­cracia por este atropello y por nuestra integridad y nuestros bienes. Soportamos amena­zas, siendo legítimos propie­tarios, donde ni la Justicia ni la Policía cumplen en nuestro resguardo”, explican los pro­pietarios.

“Marta Díaz de Gonçalves, lideresa del grupo de invaso­res, amenazó a los propieta­rios diciendo que tienen que salir de sus casas, pues ellos solo van a salir muertos de allí. Estamos con el riesgo de que cualquier cosa pueda suceder, hasta puede haber justicia por manos propias porque está muy candente la situación por acá. Mis clien­tes son gente de edad y tienen sus vacas, sus chanchos, sus plantaciones y sus huertas”, agregó Betancourt.

Los afectados por la invasión son ciudadanos paraguayos que viven desde hace 25 años en el lugar y cuentan con todos los títulos de propiedad desde el año 1994.

La abogada anunció que denunciarán a la jueza Zavala ante el Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados por las medidas irregulares que emitió. “Esto que ella está haciendo es inadmisible, este caos jurídico y social y todo lo que está haciendo por gente de la tercera edad y que pone en riesgo la vida de mis clientes”, concluyó.

Georgia Arrúa, senadora del Partido Patria Querida, publicó en su cuenta de Twit­ter varios videos del momento del procedimiento realizado. Mencionó que si bien los pro­pietarios exhibieron sus títu­los y la medida cautelar de protección de sus inmuebles, esto no sirvió de nada porque finalmente la Policía no actuó en defensa de ellos a pesar de la orden judicial vigente.

Relató que los propietarios estaban asustados con la lle­gada de los invasores de las propiedades privadas en Tape Yke. “Como siempre usan a niños y mujeres de escudo y atropellan, incitados por sus dirigentes con gritos y prepo­tencia”, añadió.

“Esto, lejos de resolver la situación, la acentúa más. Lo lógico era terminar la men­sura judicial y aclarar el ori­gen del título del INDI denun­ciado como falso. Se crea una falsa expectativa a los indíge­nas y se los deja tirados a ori­llas del río. Solo querían des­hacerse de ellos”, escribió la senadora.

La llegada de los agentes de la Policía Nacional permi­tió que se pueda ingresar a la propiedad, en un procedi­miento hecho en día inhábil, sin ningún control judicial y comandado por supuestos representantes de los dere­chos humanos.

En agosto del 2018, un grupo similar invadió, también de manera violenta, según la denuncia presentada en ese momento, una propiedad privada, específicamente la finca Nº 2891, en la localidad de Itakyry.

En aquella ocasión, un pri­mer grupo de invasores, todos ellos pertenecientes a la comunidad Ka’a Poty de la parcialidad avá guaraní, final­mente se retiró tras constatar que se equivocaron de finca, tal como lo afirmó el líder de este grupo, cacique Teodoro Ramírez.

Liz Carolina Alfonso, pro­pietaria del inmueble, al rea­lizar la denuncia ante las autoridades en ese entonces, presentó toda la documen­tación otorgada por el Insti­tuto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que la acredita como legí­tima dueña de la mencio­nada finca de 7 hectáreas, como los recibos de pago de servicios desde diciembre de 1994.

Según denuncian propietarios y vecinos, con apoyo de impor­tantes políticos como el caso del senador Abdo-luguista del Frente Guasu, Miguel Fulgen­cio “Kencho” Rodríguez, un grupo de alrededor de 20 de estos invasores permaneció en el lugar, pero liderados por una ciudadana paraguaya identifi­cada como Marta Isabel Díaz de Gonçalves, pareja de un produc­tor sojero de origen brasileño, quien cultiva en la localidad de Itakyry importantes extensiones de tierra.

El legislador el 18 de junio pasado presentó una nota al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, lamentando que este grupo de alrededor de 20 personas haya sido desalojado de la propiedad que, según lo expresado en el escrito, se encuentra en “tierras ancestrales” y con título de propiedad del Instituto Nacional del Indígena, fechado en el año 1996.

En el escrito enviado al ministro del Interior, Rodríguez califica como de “dudosa procedencia” los títulos de propiedad pre­sentados por los legítimos propietarios, según los registros del Indert. Este grupo de al menos 20 indígenas en su momento se resistió a ser desalojados pese a la orden judicial y que recién pudo ser cumplida el 15 de junio de este año.