El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM), al que le compete juzgar a jueces, fis­cales y defensores, presentó ayer la solicitud de retiro de la acción de anticonstitu­cionalidad contra la Ley N° 1.626 De la Función Pública.

De esta manera se allanan al cumplimiento de la ley que rige y controla la mayoría de las Organizaciones y Entida­des del Estado (OEE).

El representante del Senado en el JEM, Fernando Silva Facetti, informó que junto con el vicepresidente del JEM, Óscar Bogarín, rea­lizó una visita institucional al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, para presentar ofi­cialmente el retiro de la acción contra las compe­tencias de la Secretaría de la Función Pública.

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LEY Nº 1.626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Silva Facetti indicó que el Jurado de Enjuiciamiento tomó esta decisión hace un par de meses, en ese trans­curso se fueron llevando a cabo acciones para dar cum­plimiento irrestricto de las disposiciones que rigen mediante la Ley de la Fun­ción Pública.

“Consideramos que dimos un paso muy importante en pos de la transparencia y control de la institución”, expresó el legislador.

La Ley de la Función Pública tiene por objetivo regular la situación jurí­dica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de confianza, el contratado y el auxiliar, que presten servicio en la administración central, en los entes descentrali­zados, los gobiernos depar­tamentales y las munici­palidades, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la banca pública y los demás organismos y entidades del Estado.

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