El Tribunal de Apelación deberá resolver las chicanas presentadas por la defensa de Patricia Ferreira, presidenta de la firma Imedic SA, acusada por falsificar facturas de la firma Eurofarma que posibilitaron el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Gustavo Ocampos deberán decidir si rechazan los incidentes planteados en el presente caso.
Una vez que se destrabe el presente proceso penal se tendrá que fijar la fecha para la audiencia preliminar en la que se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
Ferreira está acusada por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal. En el caso también están acusados Nidia Godoy Ojeda, directora titular de Imedic, y Néstor Domingo Ramírez Giménez, despachante de la Dirección Nacional de Aduanas.
La acusación fiscal refiere que se falsificaron diez facturas de la firma Eurofarma, que posibilitaron el ingreso a nuestro país de medicamentos de la India y China cuya calidad se pone en duda.
Asimismo, señalaron que los medicamentos ingresados a Paraguay fueron negociados y distribuidos peligrosamente al mercado nacional.
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Ordenan juicio contra expresidente peruano acusado por corrupción
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020, acusado de aceptar supuestos sobornos durante su etapa al frente del Gobierno regional del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014, informó la agencia Andina.
En concreto, los hechos en materia de este juicio tuvieron lugar cuando Vizcarra ocupaba el cargo de presidente regional de Moquegua y será juzgado por el delito de cohecho pasivo propio en relación los casos denominados ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. En este proceso penal, se incluye también como terceros con responsabilidad civil a las empresas Incot Contrastistas Generales, Astaldi sucursal Perú, Obrainsa e ICCGSA.
Así, la actual resolución judicial señaló al exmandatario por supuestamente haber concertado una reunión con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, para ofrecerle licitaciones a cambio de un “beneficio económico indebido”. Según el tribunal, Vizcarra habría brindado “información privilegiada (...) a cambio del dos por ciento del coste directo de la obra; es decir, 50.810.637 soles” (12.676.131 euros).
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En lo que al caso del hospital de Moquegua respecta, indicó además que el exgobernador habría también condicionado “su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de un millón 300.000 soles (74.843 euros), para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra (...) a favor del consorcio hospitalario Moquegua”, según la mencionada agencia nacional.
Esta decisión llega después de que la Fiscalía de Perú pidiera a finales de abril otros diez años de prisión para el expresidente Vizcarra por aceptar sobornos. Esta petición se suma a la presentada a mediados de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó para él 15 años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de cohecho pasivo por este mismo caso.
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Fuente: Europa Press
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Operativo Veneratio: ratifican extracción de datos de 308 teléfonos incautados al clan Rotela
Tribunal de apelaciones confirmó la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paul López, quien autorizó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares, 2 tablets, 10 pendrive, 2 notebook y 2 computadoras, en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
El proceso recae sobre el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos imputados por motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.
Ahora, deberá jurar el perito que realizará la extracción de datos a los dispositivos incautados al clan durante el operativo que posibilitó que las autoridades del Estado retomen el control de la cárcel de Tacumbú.
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández firmaron el fallo de segunda instancia que ratifica la resolución del juez inferior.
Imputación
Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina.
La lista continúa con Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero. Todos, por transgresión a la Ley Nº 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, en calidad de coautores.
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Juerza Patricia
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político.
La semana pasada se dio la condena en primera instancia a Patricia Samudio, expresidenta de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez. En igual sentido fue condenado su esposo José Costa Perdomo con una pena menor. Ambos por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de agua tónica y otros insumos, ocurrido en el peor momento de la pandemia del covid-19 en mayo de 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. El Ministerio Público estuvo representado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera.
Son los primeros condenados de lo que fue el desgobierno de Abdo Benítez durante la pandemia. De hecho, la condena viene con un mensaje contundente de la Justicia más allá del monto del perjuicio o incluso de la cantidad de años de la condena, en el fondo en alguna medida viene a constituir un bálsamo para las decenas de miles de fallecidos y para los cientos de miles que alguna vez padecimos la enfermedad.
Hay que recordar que Samudio formaba parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo de 2020.
El Ministerio Público pudo probar que el dinero fue a parar a la cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. La gente se estaba muriendo por la desastrosa gestión en la compra de vacunas (hay una denuncia por esto que sigue durmiendo en el Ministerio Público), y mientras tanto unos pocos solo pensaban en un único fin: llenarse los bolsillos. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de Petropar para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré.
¿El argumento esgrimido por el gobierno de Mario Abdo para realizar y justificar la operación? “El agua tónica cura el covid-19″. La base fue un dictamen médico que el profesional de blanco admitió en el juicio fue hecho incluso posterior a la compra. Una burla absoluta. En momentos en que Nación Media prácticamente era el único grupo de medios que cuestionaba los atropellos y barrabasadas que se estaban cometiendo de manera impúdica y descarada, mientras nos obligaban a todos los paraguayos a vivir encerrados y pasábamos más tiempo en entierros cuasiclandestinos de nuestros seres queridos, los personeros del anterior gobierno juntaban la plata en pala.
Como la filosa daga de la traición con el pueblo que le dio la confianza, el expresidente de la República Abdo Benítez le daba su respaldo a la que entonces dirigía la petrolera estatal con una frase que retumba hasta ahora: “Juerza Patricia”.
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Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
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Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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