El titular del Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Ortiz, alegó dificulta­des administrativas, nor­mativas y presupuesta­ria de su institución, que llevó a la contratación de una empresa para delegar las funciones propias de la Conajzar para el control de las máquinas tragamo­nedas que pululan en las calles. El alto funcionario fue interpelado ayer por la Cámara de Senadores, por las supuestas irregularida­des con los juegos de traga­monedas y quiniela.

Ortiz señaló que la Conajzar no tiene la estructura que muchos se imaginan y creen que es una megaestructura y solo cuenta con 16 funcionarios. “No hay gestión eficaz y eficiente posi­ble que se pueda realizar en las condiciones que está. Noso­tros estamos desde hace 2 años batallando para que un proyecto de ley sea analizado y se le dé curso en Diputados. La Conajzar necesita del acom­pañamiento al proyecto de ley para el que esté al frente de esta institución. Es la única forma de generar una previsibilidad al sector de los juegos de azar”, expresó. La interpelación sur­gió a raíz de las denuncias que se realizaron respecto al negocio de explotación de las máquinas electrónicas de tragamonedas, luego de publicaciones de inves­tigación del Grupo Nación.

El senador Stephan Rasmus­sen, de Patria Querida, cues­tionó que la Conajzar se lave las manos con respecto a los jue­gos de azar clandestinos que están distribuidos por todo el país, pero cobran cánones ile­gales. Sobre la quiniela cues­tionó la falta de las donaciones a excombatientes y los premios no pagos. Asimismo, consultó a Ortiz si es el representante del Ministerio de Hacienda y, por ende, con responsabilidad por parte del presidente Mario Abdo Benítez.

Ortiz, respondió que las muni­cipalidades son las que dan la autorización de uso de las máquinas en lugares privados, y la Ley de Conajzar no tiene prevista la incautación de las máquinas, pero sí se puede fis­calizar y clausurar el local. “La Conajzar no tiene la megaes­tructura que todos se imagi­nan”, sostuvo Ortiz. Dijo que es imposible hacer clausuras en todo el país y que las incau­taciones deben hacerlas el Ministerio Público. Afirmó ser el representante de Hacienda, pero que no tiene decisión pro­pia, depende de la comisión. La Cámara Alta posee un plazo de 20 días para presentar un pedido de voto censura contra el titular de la Conajzar.

El contralor general de República, Camilo Benítez, resolvió ayer reali­zar una fiscalización especial inmediata (FEI) a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) la cual está siendo muy cuestionada por irregularidades en la “legalización” de las máquinas tragamonedas.

La resolución del contralor se dio a conocer en el mismo momento en que se realizaba la interpelación a José Ortiz, titular de la Conajzar, en la Cámara de Senadores. Por resolución número 396, la Contralo­ría General amplió el artículo 1 de la resolución CGR Nº 466/20 “Por la cual se aprueba la realización de fiscalizaciones especiales inme­diatas (FEI) a determinados entes sujetos de control, y se estable­cen los procedimientos a ser aplicados con relación al desarrollo de dichas actividades de control”.

Denuncian que la Conajzar otorgó sin licitación ni ley nacional, como establece la Constitución Nacional, la concesión del cobro de cánones y explotación a una empresa privada que es cuestionada por su perfil financiero y jurídico.