El Ministerio Público, encabezado por la fiscala Sandra Qui­ñónez, anunció la confor­mación de un equipo inves­tigador a fin de determinar relevancia penal, si existiere, sobre el informe emitido por la Contraloría General de República (CGR) relacio­nado a la deuda de la Itaipú Binacional. El resultado, según el ente contralor, fue una deuda ilegal para el Para­guay de US$ 4.000 millones entre 1985 y 1997. Los desig­nados fueron Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma.

“He dispuesto la conforma­ción de un equipo de agen­tes fiscales para la investiga­ción de hechos que pudieran tener relevancia penal y que se mencionan en el informe final del examen especial a la deuda de la entidad bina­cional Itaipú, realizado por la Contraloría”, anunció Qui­ñónez a través de la red social.

La Comisión Bicameral de Revisión y Control del Anexo C del Tratado de Itaipú exten­derá una invitación al contra­lor general de la República, Camilo Benítez, inicialmente para el martes 3 de agosto, a fin de que pueda brindar explicaciones detalladas a los legisladores sobre el dic­tamen que emitieron res­pecto a la presunta deuda ile­gal de US$ 4.000 millones que Paraguay pagó por la deuda de Itaipú.

Al respecto, el senador Enri­que Bacchetta, que preside esta comisión, dijo que espera la confirmación del contralor, o en todo caso será reagen­dado para otra fecha.

Al respecto, el titular de esta Comisión de Revisión y Con­trol del Anexo C señaló que, si bien aún no pudo leer a fondo el informe, no obstante, des­tacó que es un documento bastante interesante y que se tendría que analizar legal­mente si los responsables del perjuicio ocasionado al Estado paraguayo en el caso Itaipú, en los años marcados por la Contraloría, puedan ser procesados e investiga­dos.

“Estoy observando si las per­sonas que tuvieron partici­pación desde los años que se auditó, y fueron las que lle­varon adelante el perjuicio al Paraguay puedan, ser aún o no procesadas e investigadas por supuestos hechos puni­bles en su calidad de admi­nistradoras”, comentó.

Por otra parte, indicó que si el Brasil tiene buena fe con el Paraguay, el pasado per­juicio ocasionado al Estado paraguayo, tal como señala la Contraloría, podría entrar en el paquete de negociaciones que se tiene pendiente sobre el Anexo C del Tratado. “Se puede incluso probar con docu­mentos, con papeles y, por qué no, y lógicamente si hay buenas intenciones, pue­den volver a beneficiar al Paraguay”, expresó.