La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores fijó para el próximo 28 de julio la sesión para la interpelación al titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz, por las supuestas irregularidades con juegos de tragamonedas y quiniela, que implicarían un presunto negociado que orilla los US$ 1 millón. En la sesión ordinaria del pasado 15 de julio, el plenario aprobó por 39 votos el pedido de interpelación contra Ortiz, acusado de corrupción en el cargo que ocupa actualmente.
Entre las denuncias contra el titular de la Conajzar, expuestas durante la sesión por la senadora Esperanza Martínez, se refieren a la concesión, control y explotación de las máquinas tragamonedas a una cuestionada empresa privada. Además, la legisladora se refirió en el momento a la protección de niños, niñas y adolescentes, que son los que más utilizan las máquinas tragamonedas.
En el proyecto de pedido de interpelación se mencionaba que la Conajzar otorgó sin licitación ni ley nacional, como establece la Constitución Nacional, la concesión del cobro de cánones y explotación a una empresa privada que es cuestionada por su perfil financiero y jurídico.
El pedido de interpelación obedece a las respuestas inconsistentes de Conajzar ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Los proyectistas alegan que consideraron insuficiente e insatisfactoria la respuesta de Conajzar y así, consecuentemente, corresponde citar a su presidente.
INVESTIGACIÓN DEL GRUPO NACIÓN
El equipo periodístico del programa “Tierra de nadie”, del Grupo Nación, se hizo eco de las denuncias, realizó una investigación y constató que tanto el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como la Conajzar permiten la explotación del negocio sin intervenir. Las publicaciones periodísticas demuestran el nulo control de las instituciones estatales en la explotación de los juegos de azar, que permite la clandestinidad de los proveedores de estas máquinas.
La investigación demostró que el ingreso al país de estas máquinas sería por parte de empresas grandes, cuyas actividades principales figuran como playas de autos, metalúrgicas, electrónica, etcétera. Aproximadamente son 20 empresas importadoras que ingresaron estos componentes, según los registros de la Dirección Nacional de Aduanas del 2019.