La sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores donde fueron archivados los pedidos de pérdida de investidura de los senadores Sixto Pereira, Rodolfo Friedmann y Javier Zacarías Irún sirvió especialmente para blanquear una serie de delitos atribuidos a estos “representantes del pueblo”. Sixto Pereira fue denunciado ante el Ministerio Público por uso indebido de influencias, por inconductas políticas y ciudadanas, al incitar a la violencia durante las protestas ciudadanas de marzo pasado e instigar la invasión de propiedad privada.
El senador del Frente Guasu además fue involucrado, en octubre del 2020, en un conflicto en el cual con un título falso algunas personas buscaban apropiarse de tierras. En una grabación, se evidencia la forma en que Pereira negocia para “arreglar” el asunto. También fueron presentados materiales audiovisuales, donde Sixto Pereira arenga a campesinos dentro de la estancia Pindó, ubicada en Curuguaty sumado al audio en el que, aparentemente, el legislador intentaba apropiarse de tierras, utilizando supuestamente títulos falsos, de la Agroganadera Arroyo Pozuelo.
ALMUERZOS ESCOLARES
En el caso de Rodolfo Friedmann, su “trayectoria” ya se vislumbraba desde sus funciones como gobernador del departamento del Guairá, donde sus tentáculos se posaron sobre varios entes estatales. Tal es el caso de la compra de un esterilizador de residuos patológicos, por valor de G. 1.818.950.000, y que nunca fue utilizado por no contar con un lugar adecuado para albergarlo.
Pero donde el nombre de Rodolfo Friedmann aparece asociado con hechos de corrupción por la opinión pública y sobre todo por la Justicia es el sonado caso conocido como “almuerzos escolares”, que ocasionó la acusación por lavado de dinero, tráfico de influencias y otros hechos de corrupción, al senador Friedmann, su esposa Marly Figueredo y otras personas de su entorno.
DAÑO AL MUNICIPIO
Por su parte, el senador Javier Zacarías Irún y su esposa fueron investigados por supuesto daño patrimonial de G. 1.200 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. Ambos habían sido imputados en el 2019 luego de ser halladas supuestas inconsistencias en sus declaraciones. La medida se tomó luego de allanamientos realizados por parte del Ministerio Público en la Municipalidad de Ciudad Este, la Gobernación de Alto Paraná y empresas de la familia de Zacarías Irún.