El juez José Delmás fijó ayer para el 4 de agosto, a las 8:30, la audiencia preliminar para el senador colorado Rodolfo Friedmann, su esposa Marly Figueredo y otros en el sonado caso que involucra al legislador con respecto a la merienda escolar en el depar­tamento de Guairá, entre los años 2016 y 2017. En esa oca­sión el magistrado definirá si la causa es elevada a juicio oral y público, tal como lo plantearon en su momento los fiscales intervinientes.

La acusación que pesa sobre el parlamentario y su cón­yuge, además de otras tres personas más, se refiere al supuesto lavado de dinero cuando se desem­peñaba como gobernador del Guairá. Así también, el ex jefe departamental es acusado de cohecho pasivo agravado y asociación cri­minal en la causa caratulada como merienda escolar.

Fue el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción Osmar Legal quien planteó que el caso sea elevado a juicio oral y público. En el mismo caso también están acusa­dos Álvaro Alfaro, primo de Friedmann; María Auxilia­dora González y Eduardo Domínguez. El senador Friedmann está acusado por administración en provecho propio, lavado de dinero, aso­ciación criminal y cohecho pasivo agravado en calidad de autor.

Puntualmente Alfaro es acu­sado por supuesto lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado en calidad de autor. Mientras que Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo, por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asocia­ción criminal en calidad de autora. Eduardo Domínguez, acusado por lavado de dinero y asociación criminal. Marly Eliana Figueredo López, por lavado de dinero en calidad de autora.

De acuerdo con los antece­dentes del caso, el entonces gobernador del Guairá firmó un contrato para la provi­sión de bienes con la empresa Eventos y Servicio SA (ESSA), que operaba bajo su misma dirección. La Fiscalía realizó la investigación de los hechos y planteó la siguiente hipóte­sis, existe un esquema delic­tivo a través del cual Rodolfo Max Friedmann Alfaro, durante su administración al frente del gobierno depar­tamental del Guairá, autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato admi­nistrativo para el suministro de bienes con una empresa que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía.

A su vez, mediante ese esquema montado por Rodolfo Friedmann se posi­bilitó, a través del uso de esa persona jurídica (ESSA), el ocultamiento de los benefi­cios indebidos obtenidos por su participación en la auto­rización y suscripción de contratos administrativos para el suministro de bienes para la gobernación con una empresa vinculada direc­tamente con él, pues este tenía el control y dirección de ESSA.