El pacto Abdo-luguista que colocó de nuevo a Óscar “Cachito” Salo­món al frente del Senado y por ende del Congreso Nacio­nal, además de copar con sus demás aliados toda la mesa directiva de la Cámara Alta, podría deparar más sorpre­sas en el ámbito político. En el Gabinete de la Presidencia de la República suena el nom­bre de un ex ministro, según lo expresado por el abogado Eduardo González, apode­rado de la Asociación Nacio­nal Republicana.

El mismo, en conversación con el programa “A punto” del canal GEN, expresó que “aparentemente se escucha que puede haber un retorno”, en referencia a Juan Ernesto Villamayor, personaje muy cercano al entorno de Mario Abdo Benítez y quien sufrió sendos escraches por parte de la ciudadanía cuando estaba a cargo del gabinete presidencial.

“Aquella persona quien fue escrachada y que está en su propia cárcel, al no poder salir por las calles de Asunción, podría volver porque se sabe que es un gran articulador con los sectores de la oposición, o al menos, fue un gran articula­dor”, expresó González, cuyas expresiones refuerzan la exis­tencia del pacto Abdo-luguista en la Cámara de Senadores.

“Es lo que se escucha y es lo que se menciona desde el día lunes”, afirmó el apoderado de la ANR ante la consulta si se trataba efectivamente de Juan Ernesto Villamayor, una per­sona que tiene mucha influen­cia en el entorno del presidente de la República. “Este señor maneja muy buena informa­ción y entonces, o no se fue del todo o maneja todo”, mani­festó el abogado de la ANR.

Juan Ernesto Villamayor no solo es recordado por la ciu­dadanía por el escrache que sufrió en un restaurante de un conocido centro comercial capitalino sino por diversos hechos de corrupción donde aparecían vinculados él o sus asociados.

El último de ellos fue un caso publicado por el prestigioso medio norteamericano The Washington Post, donde se hacía referencia al pago de la deuda paraguaya por parte de Petropar, a la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y se mencionaba como negociadores entre el gobierno paraguayo y el de Juan Guaidó, a Juan Ernesto Villamayor y Javier Troconis, respectivamente.

Este sospechoso caso llevó a Villamayor a ser interpe­lado por la Cámara de Dipu­tados, donde estuvo a un voto de ganarse la moción de cen­sura por parte de esa cámara legislativa, pues a pesar de que, supuestamente, nuestro país se beneficiaría de una quita del 50% del pasivo, estaba de por medio una comisión de US$ 26 millones para el abogado contratado.

El escándalo con PDVSA fue conocido dos semanas des­pués de haberse descubierto otro intento de estafa en la petrolera estatal con un sos­pechoso acuerdo conciliatorio de carácter extrajudicial para la entrega de US$ 7 millones a favor de la empresa argentina Texos Oil SRL.

Otro recuerdo de su partici­pación en la gestión Abdo es la compra de comisarías móviles que fueron sobrefacturadas durante su paso por la titula­ridad del Ministerio del Inte­rior. Los antecedentes datan de abril del 2019, cuando se compraron muebles a costos exorbitantes para equipar las tres comisarías adquiridas a G. 493 millones cada una, totali­zando una compra de G. 1.479 millones.

La aparición del nombre de Juan Ernesto Villamayor vinculado a oscuros hechos no es nueva. En los prime­ros años del nuevo milenio fue relacionado con el caso del vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores, cuando fue acusado de reci­bir coimas a través de conta­bilidad en negro de la firma que operaba.

Los pagos irregulares eran realizados bajo el seudónimo de “El lagarto”, según testi­ficó José Alberto Robineau, directivo de una de las empre­sas involucradas en el vacia­miento.

En el caso de los helicópte­ros adquiridos bajo la admi­nistración de Rafael Filizzola como ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia, ex procura­dor general de la República, integraron el equipo de abogados que defendió a los empresarios españoles, quie­nes fueron procesados por la supuesta compra irregular de dichas aeronaves para la Policía Nacional en la causa en la que también estaba pro­cesado Rafael Filizzola.

Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia también fueron los representantes legales de la firma española Ivesur, que demandó a la comuna capi­talina por la rescisión de con­trato para la Inspección Téc­nica Vehicular (ITV).