Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), denunció la inacción policial ante una invasión ilegal a pro­piedad privada en un estable­cimiento ganadero ubicado en el departamento de Caa­zapá. Se trata de una ocupa­ción de tierra del estableci­miento denominado como Itá Sombrero, propiedad de la familia Burró. El líder del gre­mio rural empresarial señala que la situación es preocu­pante porque están arreando niños y mujeres en el lugar como escudo humano.

En entrevista con La Nación, Pedro Galli mencionó que ya es una situación que data de hace un par de meses, donde inva­sores empezaron a ocupar dos propiedades contiguas perte­necientes a la familia Burró, Itá Sombero y Campo Florido, respectivamente.

“En dicha oportunidad se hizo un procedimiento larguísimo, engorroso, que duró dos meses. Se hizo con la Fiscalía y se trató que participen todas las enti­dades posibles, como Derechos Humanos, la Codeni, entre otras. Un protocolo pesadí­simo que, finalmente, concluyó con el procedimiento de des­alojo con el apoyo logístico de la Policía y las entidades invo­lucradas”, comentó.

El día anterior al desalojo se realizó un vuelo en helicóp­tero de carácter disuasivo y se detectó que se habían retirado los invasores. Tanto que el día mismo del procedimiento de desalojo, el predio estaba total­mente abandonado. “Enton­ces, no hubo ningún incidente ni resistencia. Se desmantela­ron las viviendas precarias ins­taladas por los invasores y se pidió a la Fiscalía y Policía que pongan resguardo para evitar un nuevo hecho de eventual invasión”, afirmó.

La sorpresa de los propietarios del establecimiento Itá Som­bero fue grande cuando se die­ron cuenta de que, desde esta semana, empezaron a ver nue­vamente a los invasores entrar poco a poco al predio.

“Se introducen nuevamente los invasores y ahora teme­mos que se vuelva a producir todas las maniobras dilatorias de dos meses para un desalojo. Todo esto cuando la obligación de las fuerzas de seguridad es proceder inmediatamente a desalojar. Queríamos alertar esto ante la prensa porque son situaciones que pueden llevar a algún tipo de violencia y sabe­mos que estamos en tiempos electorales, con movimientos creados por intereses de grupos políticos que buscan este tipo de incidente”, fustigó.

El presidente de la ARP denun­ció además que los invasores están siendo instruidos por “profesionales” en este tipo de hechos delictivos, ya que son personas que vienen de otras zonas del país. En ese contexto, mencionaron que les preocupa la inacción policial cuyos uni­formados se amparan en la Fis­calía y en la parte judicial, y no actúan como deben.

“Nosotros entendemos que el procedimiento policial se debe ejecutar. Ya se cumplie­ron todos los requerimientos durante dos meses y se pro­dujo el desalojo. Ahora vuelven impunemente y no ejecutan el procedimiento. Nosotros no queremos que pasen los días y aumente la cantidad de gente. Llevan escudos huma­nos como niños y mujeres y los exponen en primera línea. Buscan ese peligro de enfren­tamiento cuando ingresa la Policía”, culminó.