Los agentes fiscales Teresita Torres y Luis Said representan al Ministerio Público en el juicio oral iniciado con relación al ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, acusado de lesión de confianza. La Fiscalía sostiene que el acusado originó considerable daño al patrimonio de la citada municipalidad.
El agente fiscal Luis Said comentó que “la Fiscalía concurrió ante el Tribunal de Sentencia a sostener la acusación contra el ex intendente, entendiendo que la conducta del mismo se halla subsumida en el tipo penal de lesión de confianza, siendo ofrecidos y admitidos los medios probatorios para su producción en el desarrollo del juicio”.
La acusación fiscal desarrolla situaciones que derivaron en causar grave perjuicio al patrimonio de la Municipalidad de Lambaré, entendiendo en consecuencia que la calificación se corresponde con la del tipo agravado del Art. 192 del Código Penal. Los fiscales intervinientes entienden que el perjuicio patrimonial es importante. “Se avanzó en estas primeras audiencias con los planteamientos incidentales, medios incidentales y, ya en el día de la fecha, con la producción de testificales. Con el transcurrir de los días y el desarrollo de este juicio se irán produciendo los demás medios periciales y documentales”, mencionó Said.
PERICIA
Son seis testigos los admitidos en el acto de apertura a juicio oral y público. La investigación se focalizó y tiene como base los trabajos periciales en el área contable. Por otro lado, hace más de dos meses se dio inicio al juicio oral relacionado a la acusación fiscal sobre aquellos hechos que tuvieron como derivación la caída de la estructura de algunas aulas del Colegio Nacional de Lambaré.
Por su parte, la fiscala Teresita Torres explicó exhaustivamente las irregularidades constatadas con relación a las transferencias de los fondos de royalties y otros por más de G. 8.000 millones, recursos que debían ser destinados a obras en favor de la ciudadanía.
Detalló que el licenciado Walter Belotto, quien fue auditor interno de la Municipalidad de Lambaré cuando asumió el cargo el siguiente intendente de esa ciudad, Armando Gómez, detectó las mencionadas irregularidades a través de la realización de una auditoría interna. “Fue a raíz de esos hallazgos que se realizó la denuncia, porque él detectó varias transferencias realizadas de las cuentas de royalties y pavimentación por más de G. 8.000 millones, y muchas otras irregularidades que corresponden a otras causas”, dijo la representante del Ministerio Público.