Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz imputaron por tráfico de influencias a José Ramón Bogado, María Lorena de Barros Barreto y Diego di Stefano Mónaco, ex secretarios del ex minis­tro del Interior y del Gabi­nete Civil de la Presidencia Juan Ernesto Villamayor. Los imputados solicitaron la suma de US$ 2 millones a los abogados de Darío Messer para obtener fallos favorables en la Justicia.

La imputación fiscal señala que en las diligencias del Ministerio Público surgen con claridad que los impu­tados se pusieron de acuerdo para solicitar la suma de US$ 2 millones a los aboga­dos Rodrigo Galeano y Leticia Bóveda, representantes de la defensa del señor Darío Mes­ser. El dinero fue solicitado para obtener respuestas favo­rables en el Poder Judicial y en el Ministerio del Interior para garantías del prófugo respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar estos profe­sionales en representación de Messer, “y tal suma de dinero solicitada sería destinada concretamente a los miem­bros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministe­rio del Interior ante quienes invocaban tener influencias”, indica parte la imputación.

Asimismo, mencionan que el pedido de dinero fue materia­lizado a través de reuniones personales que se realizaron entre el 23 de abril del 2019 y el 4 de mayo del mismo año, período en que también hubo comunicación telefónica y por Whatsapp entre Lorena de Barros Barreto y la abogada Leticia Bóveda, donde la pri­mera de ellas era quien insis­tía en que se llevara adelante tales reuniones, reza parte de la imputación fiscal.

El acta de imputación explica que “de acuerdo a los elemen­tos de sospecha, los tres impu­tados pidieron la suma de US$ 2 millones para ejercer sus influencias con miembros de la Corte y con el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con el fin de obtener y asegurar resultados favorables a favor de Darío Messer. El dinero iba a ser distribuido en US$ 1 millón para Juan Ernesto Villamayor y el otro US$ 1 millón para los miembros de la Corte. Esta atribución que realiza el Ministerio Público surge de una secuencia entre las reuniones que se mantu­vieron entre los imputados y los representantes de Mes­ser”, menciona la Fiscalía.

Según los investigadores, el imputado Diego di Ste­fano se presentó ante los abogados de Messer como el supuesto nexo o vínculo con la influencia suficiente ante los miembros de la máxima instancia judicial, como para poder obtener favores judiciales a cual­quier planteamiento que sea realizado por Darío Messer y sus abogados. Incluso, hasta aseguró la obtención de un habeas favorable ante la pro­pia CSJ como para evitar la extradición a la República Federativa del Brasil y man­tenerlo en nuestro país.

El imputado José Bogado se presentó ante los represen­tantes legales de Messer como el nexo del entonces minis­tro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por ser secreta­rio privado del mismo y, por ende, tenía toda la confianza del ex secretario de Estado. Bogado sería el que tendría que hacer llegar el dinero pac­tado a Villamayor, según la presente investigación fiscal.

En el presente caso decla­raron los abogados de Mes­ser, Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, así como el comisa­rio Nimio Cardozo y otras personas más. Los fiscales Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron seis meses de tiempo para poder culmi­nar la investigación y pre­sentar su requerimiento conclusivo.

El juez de Delitos Económi­cos José Delmás citó para hoy 3 de junio, a las 9:00, la audiencia de imposición de medidas cautelares para los tres imputados, ex secreta­rios de Juan Ernesto Villa­mayor. El Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión, pedido que deberá ser analizado por el referido magistrado o su interino.