El ex diputado liberal Carlos Portillo, destituido por uso indebido de influencias, presentó una acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se lo restituya en su banca como representante de Alto Paraná. La acción fue interpuesta por los abogados Raúl Caballero Cantero, Josephina Aghemo y Néstor Cañete, defensores de Carlos Portillo.
De acuerdo con el pedido de nulidad de la destitución hecha por la Cámara de Diputados el 12 de mayo pasado, vía resolución Nº 2.484, viola las previsiones establecidas en los artículos 16, 17, 46, 47, 2, 137 y 156 de la Constitución Nacional. Alegan que se violó la Ley Nº 1/89 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos.
Portillo solicita la suspensión de los efectos de la resolución; es decir, que lo dejen volver a la Cámara de Diputados. Dejando así sin efecto su remoción.
La Cámara de Diputados aprobó por 61 votos el pedido de pérdida de investidura de Portillo por uso indebido de influencias, un voto en contra, 4 en blanco y 14 ausencias, luego de darse a conocer audios en los que supuestamente estaría negociando varios cargos públicos. Por primera vez en la historia se expulsó a un integrante de este cuerpo colegiado.
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CSJ no da lugar a pedido de suspender designación de Pucheta en el Consejo
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no dar lugar al pedido presentado por Enrique Kronawetter, para suspender los efectos de la designación de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. La máxima instancia judicial considera que los promotores de la acción no pudieron demostrar cuál era el “perjuicio irreparable” de esta designación.
“La Sala Constitucional resuelve no hacer lugar a la suspensión de efectos, solicitada por Alfredo Enrique Kronawetter y Calor César Trapani por sus propios derechos bajo el patrocinio de los abogados Luis Lezcano Claude y Jorge Rolón Luna del decreto N.° 714 por el cual se nombran representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura”, dice el auto interlocutorio de la Corte.
Kronawetter, exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo, presentó esta acción ante la CSJ apuntando a dejar sin efecto la designación realizada por el presidente Santiago Peña, quien postuló a la doctora Alicia Pucheta para ocupar dicho lugar. El exmiembro del Consejo alegó que su permanencia en el órgano debía extenderse hasta el 2026.
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“Haciendo un análisis de lo expresado en el escrito presentado, los accionistas ni alegaron ni demostraron concretamente el perjuicio irreparable. En efecto la sola mención de forma genérica de la existencia de un perjuicio o gravamen no es equiparable al gravamen ‘irreparable’ previsto por la norma”, refiere la resolución.
La argumentación de Kronawetter para permanecer en el cargo se sustentaba en que al ser designado por el entonces presidente Mario Abdo en en el 2023 para representar al Ejecutivo, su mandato se extendería hasta el 2026, cumpliendo así los tres años de duración en el cargo. No obstante, él solo estaba ocupando la vacancia generada por la designada original del expresidente, Mónica Seifart, nombrada en el 2020, por lo que su periodo feneció en octubre del 2023.
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Morínigo asegura que no fue notificado personalmente sobre su destitución
En la tarde del martes se supo que el doctor Carlos Morínigo, quien se desempeñaba como Gerente de Salud en el Instituto de Previsión Social, fue destituido del cargo. Entre los argumentos esgrimidos por los miembros del Consejo Administrativo, se supo que su destitución fue por dar a conocer las cifras de falta de medicamentos e insumos y que debían ser licitadas luego de Semana Santa.
En conversación con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media, el doctor Morínigo aseguró que se vio sorprendido por la noticia. Agregó que ninguna autoridad directa se había comunicado con él tras sus declaraciones, y él se sentía sumamente dolido por la manera en que se manejó la situación.
“Ayer en horas de la tarde yo recibí la noticia a través de un medio de comunicación, la notificación de mi despido de la boca de un consejero del IPS. Supuestamente, yo había mentido sobre el porcentaje de la falta de medicamentos y que no era la primera vez que hacía eso y generaba conflictos internos dentro del IPS”, indicó Morínigo.
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Explicó que no realizó ninguna denuncia sobre la falta de medicamentos, sino que este dato lo dio en el marco de una entrevista, donde fue consultado sobre el tema, remarcando que las cifras que él entregó fueron verificadas y existen documentos que pueden probar lo que dijo.
“Yo no soy ningún improvisado y siempre, antes de dar cualquier declaración, me junto con mi equipo técnico para tener los documentos y certificar lo que digo. Yo me había reunido con el equipo técnico de regulación farmacéutica y logística, a quienes le pedí tener los números de faltantes a mano por si me preguntaban y contar ya la solución”, aseguró el exgerente de salud del IPS.
Inclusive, aseguró, él era constantemente parte de las reuniones en donde se trataban estos faltantes y las posibilidades de realizar las licitaciones, que por mucho tiempo fueron tema de discusión, ya que el consejo mismo expresaba que no se contaba con el dinero suficiente y ya no se podía endeudar a la entidad.
“Hasta ahora nadie me llamó a decir nada, nadie me llamó a retar por lo que dije y decirme que fue por eso, por lo menos, el despido. Me siento muy dolido porque ninguna persona se merece ese trato, no sé qué tan mal hice”, finalizó el doctor Morínigo.
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De 60 denuncias hay 1 sola condena de criptominería
El ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), cuestionó la falta de celeridad de la justicia con respecto al robo de energía reportado por el ente. En los últimos cinco años se formalizaron 60 denuncias, pero un solo caso recibió una condena. El reclamo fue planteado incluso a instancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Hay unas 60 denuncias presentadas en el ámbito judicial desde el año 2019 a la fecha creo que hay solo un condenado por sustracción de energía eléctrica. El presidente de la Ande se reunió esta semana con el fiscal general y el presidente de la Corte”, señaló a la 1000 AM.
Con respecto al procedimiento realizado el día de ayer miércoles a una criptominería ilegal en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí, confirmó que la empresa generaba una pérdida de G. 800 millones por mes a la Ande. “En lo que va de este 2024, esta es la intervención número 11, con estas intervenciones se evitan una pérdida de G. 6.500 millones por mes”, indicó.
Rolón manifestó que los propios pobladores fueron quienes hicieron la denuncia debido a los constantes problemas en el servicio. “Personal técnico, con asesoría jurídica llegaron al lugar, se solicitó el allanamiento y se constató una conexión directa en media tensión, de manera irregular”, remarcó.
El funcionario de la Ande explicó que en el citado establecimiento se encontró una potencia de más de 3 megavatios y más de 700 máquinas de criptominería. Según el informe de la Ande, en el lugar se encontró un transformador de 45 kVA de pantalla y otro transformador de 3.150 kVA que alimentaba a las máquinas procesadoras de criptomonedas que fueron incautadas como parte del proceso de investigación por el ilícito de sustracción de energía eléctrica detectado en dicho local.
Para las autoridades resulta claro que una de las principales causas de los inconvenientes que afecta la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico constituyen estas actividades ilícitas, que además ocasionan un grave daño patrimonial a los intereses de la institución.
PÉRDIDAS DE G. 800 MILLONES AL MES
La granja de criptominería intervenida el miércoles en Quiindy (Paraguarí) generaba una pérdida estimada en G. 800 millones al mes a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). En el predio se hacían trabajar más de 700 máquinas con un transformador de 45 kilovoltamperios (kVA) que alimentaba a otro de 3.150 kVA, según lo denunciado.
“Se encontró una potencia de más de 3 megavatios y poco más de 700 máquinas de criptominería en el lugar intervenido, esto generaba una pérdida de G. 800 millones por mes a esa zona”, expresó Hugo Rolón, gerente comercial de la Ande, a la 1000 AM.
Señaló que se trata de la intervención número 11 en lo que va de este 2024, mediante las cuales se evita una pérdida de G. 6.500 millones por mes a la Ande. Las pérdidas se dan debido al uso que las criptominerías emplean a través de una conexión directa en media tensión de manera irregular, ya que precisan de mucha más potencia para generar las monedas digitales.
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Oficialismo liberal reclutará a 3.000 dirigentes para definir la expulsión de senadores
Desde el oficialismo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) manifestaron que para este domingo 3 de marzo se aguarda la presencia de 3.000 dirigentes con el objetivo de ratificar la decisión de expulsar a 4 senadores de la principal nucleación opositora. Asimismo, comunicaron que la convención tendrá un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de efectivos de la Policía Nacional y privados para evitar hechos de violencia.
La información fue dada a conocer por el presidente de los azules, Hugo Fleitas quien encabeza el proceso de destitución de los legisladores Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Édgar López. Los disidentes son cuestionados por acompañar los proyectos del Ejecutivo y por la reciente destitución de la exsenadora Kattya González, denunciada por sus excolegas por tráfico de influencias.
“La Policía Nacional dará la seguridad a las afueras y la seguridad dentro del recinto será a través de una empresa que dotará personal. En una convención, el pueblo liberal es el que da la seguridad y habrá no menos de 3 mil personas. El debilitamiento o crisis del PLRA continuó por la decisión que tuvieron estos 4 senadores electos para representar a la ciudadanía y al partido, pero ellos tomaron otra decisión y se volvieron oficialistas”, sostuvo Fleitas.
Respaldo de 500 convencionales
Señaló que cuentan con el respaldo de un total de 500 de los 600 convencionales para concretar la desafiliación de sus correligionarios disidentes. “Nosotros estamos confiados que esa será mínimamente la participación y reflejará hoy el sentir del pueblo Liberal”, dijo Fleitas en una entrevista con la 1020 AM.
Asimismo, Fleitas siguió expresando que “el domingo por unanimidad los convencionales y dirigentes llevarán su voz de protesta y decidirán la sanción que plantea la conducción nacional. La cantidad de convencionales que mencioné garantizará la voz del pueblo liberal”.
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