El abogado Óscar Bogado, de la Direc­ción Jurídica de la Itaipú, niega que se estén escondiendo las cuentas de la entidad binacional. Alega que la acción de inconstitu­cionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justi­cia (CSJ) se fundamenta en la imposibilidad de suminis­trar datos de los gastos socia­les porque así lo establece el tratado internacional.

“Hay una posición institu­cional de Itaipú de la impo­sibilidad que tenemos por dos razones. Una, porque en el tratado no están previstas las acciones de Contraloría y, por la otra, no se encuentra la potestad de revisar las cuen­tas”, afirmó en contacto tele­fónico con la 780 AM.

Itaipú promovió una acción de inconstitucionalidad con­tra la resolución de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), que dispone la realización de una auditoría financiera de los fondos des­tinados a gastos sociales y, como medida urgente, pidió la suspensión de los efectos de dicha resolución.

Sobre el punto, Bogado sos­tuvo que fue una salida for­zosa ante el conflicto de interpretaciones jurídicas desatado con el ente contra­lor. “Fue una salida forzosa la acción de inconstitucionali­dad porque estamos ante un conflicto de interpretaciones normativas con la Contralo­ría”, arguyó.

Otro argumento dado por el abogado de la binacional para impedir la revisión financiera es que la Contraloría es un organismo creado muchos años después de la firma del tratado. “Entendemos que la instancia que debe dirimir es la Sala Constitucional de la Corte”, mencionó, al tiempo de insistir que no hay una nega­tiva o intento de ocultar infor­mación, sino más bien la impo­sibilidad de proveer datos al tratarse de una binacional, por lo que a su criterio no se pue­den tomar decisiones unilate­rales, sino se debe someter a consideración de Brasil.

En tanto, el director para­guayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, aseguró que esperan la resolución de la Corte, a la cual recurrieron porque el tratado binacional impide compartir informa­ción sobre uso de los gastos sociales. Esperan que la Justi­cia aclare si la interpretación es o no correcta.

Asimismo, señaló que la instrucción que recibió del presidente de la República, Mario Abdo, es transparen­tar y compartir todo lo que se pueda y permita el tratado internacional. “Tenemos toda la intención de compar­tir la información, no es una negativa mera del hecho, sola­mente que debemos actuar dentro de lo que el tratado nos limita, y por eso es que acudi­mos a la Corte para saber su interpretación”, sostuvo.