La Itaipú Binacional, liderada por Jesús María Cáceres, pre­sentó una acción de incons­titucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con­tra la resolución Nº 236 de la Contraloría General de la República (CGR) de fecha 30 de abril de este año, donde se dispone la realización de una auditoría financiera de los fondos destinados a los gastos sociales de las enti­dades binacionales Itaipú y Yacyretá, margen derecha, lado paraguayo.

Asimismo, la binacional soli­citó a la Corte como medida de urgencia dejar sin efecto la resolución de la CGR y así evi­tar que el órgano de control ingrese a realizar una audi­toría a los gastos sociales de la citada entidad. Firmaron la acción en representación de la Itaipú Maganoli Men­doza, Óscar Bogado y Daniel Mendonça.

El caso será estudiado por los ministros de la máxima instancia judicial César Die­sel, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, quienes se tendrán que expedir sobre el planteamiento formulado por la Itaipú.

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Los accionantes sostienen que “el Artículo 283 inciso 4 de la Constitución Nacional deja claro que toda interven­ción del contralor general de la República respecto a las entidades multinacionales debe efectuarse en el marco de sus respectivos tratados. En el caso concreto de la Itaipú, constituida por el Tra­tado de Itaipú, aprobado por Ley Nº 389/73 de la República del Paraguay, no se contem­pla la participación del con­tralor general de la República en la fiscalización y auditoría de sus cuentas. En efecto, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Itaipú y sus ane­xos correspondientes, la fis­calización contable de la enti­dad la ejercen las altas partes contratantes a través de sus respectivas empresas aso­ciadas, Eletrobras y Ande, y una auditoría externa ejerce el control contable de todos los aspectos relacionados con su desenvolvimiento econó­mico, financiero y patrimo­nial”.

Además, sostienen que “tanto el Tratado constitutivo como los anexos, especialmente el A, que da el manejo de la Itaipú Binacional, no esta­blece la fiscalización por parte de autoridades fiscali­zadoras nacionales de ambos países, sino que rige por estar dentro del concepto del dere­cho internacional por audito­rías externas”.

El juez en lo Civil y Comer­cial de Asunción, Édgar Rivas, realizó una consulta a la Sala Constitucional de la Corte sobre la constitucionalidad o no de la medida de urgencia solicitada por la Contraloría debido a que Itaipú se negó a abrir sus puertas para que se pueda realizar una audito­ría a los gastos sociales de la citada binacional. El magis­trado argumentó que está en duda la constitucionalidad del pedido de la CGR. La consulta realizada por el magistrado en lo Civil también deberá ser analizada por los minis­tros de la máxima instancia judicial. Tampoco se descarta que se puedan acumular tanto la acción de inconstituciona­lidad promovida por la Itaipú como la consulta realizada por el juez sobre la constituciona­lidad de varios artículos que citó la Contraloría para poder ingresar a la binacional a rea­lizar una auditoría de los gas­tos sociales.

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