La senadora de Patria Querida Georgia Arrúa considera que, en vez de intentar crear una nueva ley que sancione la transgresión de las medi­das sanitarias preventi­vas del covid-19, se debería trabajar en adecuar las con­ductas de las autoridades encargadas de guiar, ayu­dar y ordenar, pero no res­tringir y sancionar al ciuda­dano. Esto con relación a la polémica propuesta del Eje­cutivo, conocida como “Ley Garrote”, que busca aplicar sanciones con el fin de evi­tar el avance de la enferme­dad.

“Yo no creo que podamos hacer una ley así ahora. Hay que comenzar a trabajar y ver qué se puede mitigar, cuáles son los tipos de actividades que se deben con­trolar. No creo que se deba restringir el trabajo, pero sí hacer un mejor control de lo que ya está establecido, y si no se hace, es un problema de inoperancia y no por la falta de leyes”, expresó.

Agregó que la amenaza de una sanción por la transgre­sión de la norma lo que lleva es a un “arreglo” (coima) con la Policía, que abusa de su poder solo para recaudar. Por ello, insiste en que antes de hablar en proyecto de ley, prefiere hablar sobre lo que va a ser bueno para enfren­tar a la pandemia.

“La Policía Nacional lo que tiene que hacer es guiar a la gente, no arreglar y coimear. Recientemente salió una resolución de la Comandan­cia sobre cómo debe actuar la Policía, que debe labrar un acta y no puede detener. Entonces, esas son las cosas que se deberían aclarar, en vez de hacer una nueva ley; pasa más por la conducta de las autoridades que deben guiar y ayudar, y no de res­tringir y sancionar, que al final eso lo que lleva es a arreglar (coimas)”, explicó.

La senadora Arrúa insis­tió en que todo depende de la voluntad política de mejorar y hacer bien las cosas porque el tema del “apriete” y abuso de poder de la Policía es al solo efecto de “recaudar” no solo para el agente policial, sino para la “corona”. Añadió que esto es de conocimiento común e indicó que no puede ser que el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ignore ese problema.

Para el senador Sergio Godoy, el cuestionamiento más grave “es la línea que no está marcada entre lo administrativo y lo penal-po­licial-fiscal”, al punir comporta­mientos no permitidos para con­tener el contagio del covid-19.

Con respecto al procedimiento, expresó que le da facultades que a su criterio no están muy cla­ras, de sumarios y de instrucción al Ministerio de Salud, y luego, según la competencia, a diversas instituciones. “Deja otra vez una ventana a ciertas cuestiones que hoy no podemos dimensionar porque deja a discreción del Ejecu­tivo”, aseveró sobre las medidas sanitarias.

En cuanto a la vigilancia y el control, dan “el auxilio de las fuerzas públicas y la Policía”. Godoy señaló esto para dar cuenta que inicial­mente se entendía el proyecto como un proceso administrativo. “¿Por qué la Policía, si es un proyecto meramente administrativo?”, se preguntó e hizo énfasis sobre las aprehensiones que se facultan al estamento policial, sin ningún límite.

“¿Dónde está el límite?”, insistió y añadió que “no hay ningún límite”. Indicó que existe el derecho de reconsideración al juez. Sin embargo, el proyecto indica que, si en 3 días no tiene respuesta del juez con respecto a esto, se considerará como denegado. Godoy resaltó este punto con un agravio a los derechos constitucionales.