El contralor general de la República, Camilo Benítez, indicó que se dictó la resolución de inicio de una auditoría financiera y se procedió a la comuni­cación de ambas binaciona­les, Itaipú y Yacyretá. Enten­diendo que conforme a la Constitución Nacional, este órgano se constituye como la entidad fiscalizadora superior de la República del Paraguay. De la misma forma como comprendieron los senadores de la nación que por unanimidad aproba­ron la resolución por la cual solicitan la auditoría sobre el uso de los fondos socia­les, según comentó en el pro­grama “Fuego cruzado” que se emite por el canal GEN.

Remarcó que la intención de auditar financieramente las binacionales no trans­gredirá los tratados inter­nacionales ni invadirá la soberanía extranjera, ya que lo solicitado es suma­mente básico. “Las entida­des de control del Paraguay tendrían que tener acceso al uso del dinero, que es de los paraguayos. Nosotros que­remos saber cuánto dinero fue transferido a la mar­gen derecha, cuánto se usó, cómo se usó y cuánto sobra para la compra de medi­camentos, es específico el pedido y es muy básico, es una auditoría financiera y de cumplimiento, en nin­gún momento acá queremos transgredir los términos del Tratado, ni queremos ingresar a la soberanía extranjera”, explicó.

Benítez relató que se remitieron notas a ambas entidades, solicitando la presentación de las docu­mentaciones que hace refe­rencia al uso de los fondos socioambientales exclusi­vamente de la margen dere­cha de ambas binacionales. “En ningún momento nos hemos creído con com­petencia para realizar un análisis de toda la conta­bilidad de toda la bina­cional, sino solamente del uso que se hace de lo que le corresponde al patrimonio público paraguayo. Enten­diendo que eso está enmar­cado dentro de la compe­tencia constitucional de la Contraloría General de la República”, explicó.

Señaló también que las binacionales fueron cons­truidas bajo la vigencia de una Constitución anterior, en la que no existía la Con­traloría General, ya que la misma fue creada recién con la Constitución de 1992 como órgano constitucional extrapoder, y se constituye como la entidad fiscaliza­dora superior de la Repú­blica del Paraguay. “Esa normativa constitucio­nal, que obviamente está por encima de los trata­dos internacionales, es la que a nosotros nos habilita para iniciar esta audito­ría. En base a eso, se emi­tió la resolución del Con­greso Nacional y que tuvo acogida favorable y por eso fueron emitidas las reso­luciones para iniciar las auditorías”, expresó.

Ahora bien, indicó que la ley orgánica de la CGR sí está por debajo de los tra­tados internacionales, y es la que establece los meca­nismos de acción del con­tralor si le niegan el acceso a la documentación que se le está requiriendo. “La ley orgánica nos habilita a que nosotros recurramos al Poder Judicial y pida­mos allanamientos. Noso­tros lo que vamos a pedir es una orden judicial para que nos den esa documenta­ción y vamos a agotar todas las instancias pertinentes; y si hace falta vamos a lle­gar hasta que se defina en la Corte Suprema de Justicia, porque me parece trascen­dental llegar hasta las últi­mas instancias para saber si es que la Contraloría es o no competente para fiscalizar el patrimonio paraguayo de las binacionales, respecto a los fondos socioambienta­les”, precisó.

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