Senadores de varias bancadas han mani­festado su preocu­pación ante la propuesta del Ejecutivo, que impulsa el polémico proyecto de ley de emergencia sanitaria que prevé sancionar vacunacio­nes irregulares bajo ciertos parámetros, como meca­nismo de mitigación del con­tagio de covid-19, además de aplicar sanciones adminis­trativas e incluso la pena pri­vativa de libertad. Alegan que la propuesta viola la Consti­tución Nacional, raya el auto­ritarismo y que lo principal sería que recuperen la con­fianza antes que plantear san­ciones.

El senador Hugo Richer, del Frente Guasu, indicó que para llevar adelante un proyecto como el que está presentando el Ejecutivo al Congreso Nacional se debe realizar un análisis del carácter constitu­cional o no del proyecto de ley, atendiendo a que es cuestio­nado por la violación de cier­tos artículos constituciona­les. Pero, además, indicó que se debe lograr acuerdo polí­tico entre todos los sectores, además de recuperar la con­fianza de la ciudadanía.

Richer incluso considera que se debe lograr un consenso político no solo entre los acto­res políticos, sino incluyendo a referentes importantes de la sociedad civil, de secto­res gremiales, empresaria­les, sindicales e incluso a los medios de comunicación.

“Este proyecto así está muerto. Aplicar este pro­yecto cuando hay un amplio rechazo de sectores políticos y de la sociedad civil es invia­ble. No se puede aplicar un proyecto como este cuando existe ese rechazo. Para mí esto está muerto”, afirmó.

En todo caso, indicó que para lo que servirá es para el debate, para ver qué se puede hacer y, en ese sen­tido, el legislador aseguró que lo primero que se tiene que hacer es recuperar la autori­dad política. “Me refiero a la conducción política del Poder Ejecutivo. Acá se ha perdido la confianza en quienes tie­nen que administrar esta cri­sis sanitaria y la recupera­ción de la confianza política por parte de la población va a establecer un nuevo tipo de relacionamiento y comunica­ción”, concluyó.

El proyecto legislativo plan­tea dos tipos penales sancio­nados con penas carcelarias para los casos de vacunacio­nes irregulares y el hurto de vacunas e insumos médicos. Establece hasta 5 años de cárcel o multa para el fun­cionario que beneficie a otro para recibir la vacuna con­tra el covid-19 y la inhabi­litación para ocupar car­gos, electivos o no, por 10 años. Mientras que el que hurte las vacunas, insumos o medicamentos empleados en el combate a una epide­mia sanitaria será castigado con pena privativa de liber­tad de 2 a 6 años. En tanto que si se trata de un funcio­nario público, el que cometa este delito será inhabilitado hasta 10 años para ejercer cargos públicos, electivos o no.

La propuesta será analizada mañana en mesa directiva del Senado entre líderes de ban­cadas y ministros del Poder Ejecutivo.­