Varios profesionales del derecho ven con mucha preocupación la nueva propuesta legislativa del Poder Ejecutivo para aplicar sanciones; multas y penas carcelarias para quienes procedan a la “vacunación irregular” en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del coronavirus. En ese sentido coinciden en cierta manera, que es un pase libre para que la Presidencia actúe como le plazca y eso podría derivar a un régimen autoritario.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera, señaló que a su criterio se trata de una locura otorgar una carta verde muy peligrosa al Ejecutivo para que haga lo que quiera. “Es una especie de pase jurídico para que el Ejecutivo haga todo lo que necesita por decreto. Eso es peligroso, pues es una antesala al autoritarismo”, manifestó en comunicación con la 780 AM.

Añadió que está analizando a profundidad la propuesta, por tratarse de una ley de emergencia sanitaria, que establece la creación de una junta de emergencia, más medidas preventivas, pero más de una veintena de artículos establecen sanciones con penas carcelarias, se habla de sanciones, multas, y procedimiento sancionador y allanamientos a recintos privados. “Es una locura, es una ley que no tiene contenido, que no tiene contenido sanitario, sino que le da un marco legal, a que todo se haga por decreto. Son normas abiertas, sin lenguaje definido”, cuestionó.

CONFESIÓN DE AUTORITARISMO

Igualmente, el abogado Jorge Vasconcellos advirtió que esta propuesta del Ejecutivo busca modificar el Código Procesal Penal y la estructura administrativa del Ministerio de Salud Pública. “Lo más importante para mí es que este proyecto se constituye en la confesión del Poder Ejecutivo de que durante un año estuvo actuando de manera totalmente autoritaria, sin soporte legal alguno, y sin amparo de la Constitución Nacional”, comentó.

Asimismo, el profesional cuestionó que se castiga únicamente al funcionario que administró indebidamente la vacuna, pero no así al privilegiado que se valió de su condición para hacer uso de sus influencias para aplicarse la dosis de manera irregular. A su parecer, la persona que valiéndose de su influencia logra saltarse la fila, debe también percibir alguna sanción. “Yo no creo que la privación de libertad sea la solución a todos los problemas sociales en nuestro país, pero sí alguna sanción debe merecer”, agregó.

RAYA LA INCONSTITUCIONALIDAD

En tanto, el abogado penalista Jorge Bogarín, si bien considera necesario la existencia de una ley que determine como delito las vacunaciones irregulares, afirma que establecer sanciones a través de un decreto raya la inconstitucionalidad y acotó que el Congreso tiene las facultades y las atribuciones de regular esta situación. “Partamos de la base que es una irregularidad, y que debe estar tipificada en una ley; que regule esas conductas. Porque hacerlo por decreto como lo están haciendo raya la inconstitucionalidad y es violatorio del propio ordenamiento jurídico”, enfatizó.

Asimismo, reconoció que existe una laguna jurídica respecto a que si bien toda persona tiene derecho a ser inmunizado contra el covid-19, tiene derecho a la salud y a que el Estado les brinde las garantías. En este momento, que se vive con la pandemia, ante la alta demanda de las dosis, y la escasez en el mercado de las mismas, existe un ordenamiento o reglamento para la forma de su administración a la población que se establece por grupo etario; y cualquier ciudadano que se salte esas reglamentaciones es consciente que se está cometiendo una irregularidad en su administración.

RENUNCIA DE GUSINKY

Recientemente se dio a conocer el caso de la vacunación irregular de la ex senadora Mirta Gusinky. El hecho se dio sin que la misma reúna las condiciones para ser inmunizada. A raíz de las críticas y cuestionamientos se vio obligada a renunciar al cargo, no sin antes reconocer su mal proceder. Se menciona que en la lista de “vacunación vip” estarían otros políticos pero hasta la fecha no se han confirmado.