El director gene­ral paraguayo de la Itaipú, Manuel María Cáceres, afirmó que los fon­dos socioambientales están disponibles y son desem­bolsados acorde a las prio­ridades. Explicó que existe un plan quinquenal para la aplicación de esos recursos.

“El Presidente en todo momento ha estado insis­tiendo celeridad. Su com­promiso con el lado social, su compromiso con el tema salud. Entonces, él ya ha sido muy claro”, dijo. Consultado sobre si el mandatario puede disponer directamente de esos recursos financieros, sin necesidad de apelar a la autorización por ley, Cáceres ratificó que dichos fondos son usados según la prioridad de cada administración.

“Esos fondos están ahí y van más o menos en consonan­cia con las prioridades de cada administración. Hay un plan quinquenal en el que la Itaipú aprueba esos fondos y que va en coincidencia con las prioridades que establece la administración”, puntua­lizó durante un programa en canal Trece.

Recientemente, el Con­greso aprobó una ley que destina los fondos de uso socioambientales para la compra de insumos médi­cos para enfrentar al covid.

Desde la Presidencia de la República, según fuentes, anunciaron que la norma­tiva será vetada en caso de ser retroactiva.

Cáceres recordó el caso de los US$ 30 millones que la Itaipú destinó a la cons­trucción del puente que unirá las ciudades de Car­melo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil), cuya licitación fue suspen­dida debido a que por deci­sión del presidente Mario Abdo Benítez los fondos fue­ron reasignados a cubrir la emergencia sanitaria cau­sada por el covid-19. “Son compromisos internacio­nales que tiene el Paraguay porque Brasil, por su lado, ha iniciado la construcción del puente Presidente Fran­co-Foz de Yguazú, que es un reclamo histórico de todo Alto Paraná y una necesi­dad”, mencionó, citando el otro proyecto conjunto llevado adelante entre los gobiernos de Paraguay y Brasil.

A su vez, el director finan­ciero de Itaipú, Fabián Domínguez, detalló el monto asignado este año y la ejecución en concepto de gastos socioambienta­les. Dijo que de los US$ 92 millones previstos para el 2021, solo hay un rema­nente de US$ 2 millones no comprometido aún.

“Si miramos un poco el presupuesto de lo que es gastos sociales, para este año tenemos prevista una suma de US$ 92 millones. Suena mucho, pero rela­tivo mirando desde la eco­nomía pública, eso es un dinero que tiene un límite”, remarcó.

Siguió explicando que a la fecha el monto está prác­ticamente comprometido en su totalidad debido a las planificaciones para su uso. “La mayor parte de eso está cubierto ya por contra­tos en ejecución. Suponga­mos que a rajatabla se diga se va a tener que reasig­nar ese fondo a todo lo que sea exclusivamente salud. Esa reasignación de fon­dos también va a tener un costo”, aseguró.

Hasta el momento se eje­cutaron alrededor de US$ 15 millones, por lo que US$ 75 millones están cubier­tos por contratos. “Y hay un monto no comprome­tido que sería un saldo dis­ponible que no va a tener ningún costo de reasigna­ción de alrededor de dos millones de dólares”, con­cluyó.

El diputado liberal Édgar Acosta cree que el interés del Ejecu­tivo apunta a blindar los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá. A su criterio no hay argumento técnico ni jurídico para que el presidente Mario Abdo vete la ley sancionada que permi­tirá echar mano a los gastos sociales para apoyar al Ministerio de Salud Pública durante la pandemia.

“No hay ningún motivo técnico, jurídico ni de conveniencia por el que Marito no deba promulgar esta ley. Él (Abdo) está poniendo en primer lugar al Partido Colorado y no al Para­guay”, sostuvo el parlamentario en declaraciones a la 780 AM. Aseguró que el jefe de Estado está haciendo prevalecer lo político sobre lo sanitario, dejando entrever que la tenden­cia es hacia el veto a la ley.

“Está haciendo todo para que no entremos a Itaipú ni Yacyretá. Marito está haciendo un análisis político y deja lo sanitario en segundo plano”, acotó. El congresista calificó de “bolaterapia” que Brasil y Argentina (socios en la administración de Itaipú y Yacyretá) tengan que dar su autorización a Paraguay. “Desde mi punto de vista, están testeando la actitud de la gente. No están analizando lo que queremos, que es la ayuda al sistema sanitario”, insistió.