Los ciudadanos Raquel Achucarro, María Fausta Ramírez, Andrea Achucarro y Julio Troche reiteraron ante la Dra. Soledad Machuca Vidal, fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, la denuncia contra la legisladora Celeste Amarilla, por el supuesto hecho de tráfico de influencias para recuperar los US$ 200 mil que gastó en su escaño mediante un crédito a favor de su empresa por medio de una gobernación.
Ramírez declaró en comunicación con el canal GEN que reiteraron la denuncia que ya habían presentado en el 2019. “Aparentemente ese expediente se había encajonado en la oficina de la fiscala Soledad Machuca, quien debía nombrar interventor y no lo hizo. Hoy venimos a reiterar sobre la supuesta comisión del hecho punible contra la diputada Celeste Amarilla”, expresó.
Según los antecedentes, el pasado 25 de abril del 2019, durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley de desbloqueo de la lista sábana y de paridad política, la diputada Celeste Amarilla, luego de un encendido discurso en defensa de esa paridad entre hombres y mujeres para el acceso a los cargos electivos confesó en forma reiterada que accedió al cargo de legisladora porque disponía de US$ 200 mil, que le permitieron encabezar la lista de candidatos.
“Nunca se me dio mi lugar en el partido, nunca se me dio lugar hasta que mi marido (Franklin Boccia) falleció y yo tenía la plata para pagar una interna. Esa es la verdad, porque si mi esposo no hubiera muerto, él hubiera sido el parlamentario, por mí con mucho gusto, pero recién ahí la gente descubrió, 36 años después mi partido descubrió que yo era capaz, que yo podía ocupar una banca, por qué, porque tenía 200.000 dólares para pagar en la interna. Esa es la verdad”, había dicho Amarilla.
En aquella oportunidad, el diputado Colym Soroka le replicó ante la plenaria que él siempre había callado por respeto a la diputada Amarilla que esta había estado traficando influencias, instalándose en la Comisión Bicameral de Presupuesto, gestionando y requiriendo a sus integrantes para que incluyan en el presupuesto de una gobernación la suma de G. 50 mil millones que esa dependencia departamental supuestamente adeudaba a una empresa de su propiedad.
“Conforme a las publicaciones de un medio de prensa basamos esa investigación donde relata el aumento significativo de su patrimonio y de sus negocios vinculados con el Estado siendo diputada. Con sobrados elementos que hacen suponer que se valió de su condición de parlamentaria para beneficiarse económicamente, no solo con adjudicaciones sino también con pago de servicios prestados”, sostuvo Ramírez.
Esta grave acusación aparentemente pasó desapercibida para el Ministerio Público y para gran parte de la ciudadanía, a pesar de que se trataba de un delito cuya auditoría estaba siendo atribuida públicamente a la legisladora. Es decir, Amarilla pretendía beneficiarse con la inclusión de un crédito presupuestario multimillonario, destinado supuestamente a permitir que una empresa de su propiedad pueda recibir el pago de lo que una gobernación le adeudaba.
Sin importar si esa pretensión era justa o injusta, la denuncia de Soroka fue clara y contundente, exponiendo a la denunciada en su verdadero propósito de recuperar rápidamente los US$ 200 mil que había gastado para poder acceder al cargo de diputada nacional. Y, según el escrito presentado ayer ante la Fiscalía, “ese claro tráfico de influencias obtuvo el resultado pretendido por esta descarada legisladora que acusa a todos sus colegas de corruptos”.
En este sentido, días atrás la diputada se retractó públicamente por sus declaraciones durante la sesión de la Cámara Baja, donde comentó que algunos de sus colegas recibieron dinero de empresarios para apoyar el proyecto que prevé dar una preferencia del 20% al 40% a las industrias nacionales para las compras del Estado. Pidió disculpas a Basilio “Bachi” Núñez y a sus colegas. Dijo que cada vez que la amenacen se retractará, pero que no la van a callar y solo cambiará de discurso.